OPERACIÓN POLICIAL
La Guardia Civil busca en La Seu d'Urgell documentos sobre fraude de subvenciones
Los agentes también se personan en el Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Agentes de la Guardia Civil han entrado este jueves por la mañana en el Ayuntamiento de La Seu d'Urgell, gobernado por el PDECat, y también en la sede del Consell Comarcal del Alt Urgell, en busca de documentos relacionados con presuntos delitos contra la administració pública y fraude de subvenciones.
La operación, que ha empezado a las 5.00 horas y se encuentra bajo secreto, es consecuencia de una querella de la Fiscalía de Lleida contra cuatro personas del consistorio y la dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Los agentes han hecho salir todos los trabajadores del consistorio excepto a un regidor del equipo de gobierno, la interventora, los informáticos y el secretario municipal, han explicado a la ACN fuentes municipales. Hay tres furgonetas de la Guardia Civil en la puerta. El alcalde, Albert Batalla, se ha desplazado a la sede municipal.
Móvil requisado
La Guardia Civil ha intervenido el móvil de Batalla, de la concejala Mireia Font y del primer teniente de alcalde y presidente del Consell Comarcal del Alt Urgell, Jesus Fierro, y durante unas horas ha retenido también todos los teléfonos de los trabajadores, salvo el de un informático en el Consell Comarcal.
Los agentes están pidiendo documentación de asuntos de diversa índole y la operación "va para largo".
El juzgado de instrucción 2 de La Seu d'Urgell tiene abierto un procedimiento desde el 26 de marzo, ha informado este jueves en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
"El mismo día de la presentación de la querella se solicitó y acordó la entrada y registro en el Ayuntamiento con el fin de buscar documentación necesaria para el procedimiento", señala el tribunal.
La causa está abierta por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, contra la administración pública, fraudes contractuales, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios.
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