El Govern mantendrá la pancarta con el lazo amarillo en Palau pese al veto

El Govern de la Generalitat ha emitido una nota en la que afirma que se mantendrá la pancarta en favor de los presos independentistas y "exiliados" junto al símbolo del lazo amarillo. El 'president' Quim Torra ha presentado un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) contra la decisión de este organismo el pasado lunes que le obliga a retirar los símbolos soberanistas, en concreto, los lazos amarillos y esteladas, de todos los edificios públicos, cara a la campaña de las elecciones generales del 28-A.

En el recurso, Torra apela a la libertad de expresión y a la "dificultad legal" de cumplir el requerimiento, sostiene que la estelada no es un símbolo partidista sino que representa "un anhelo de libertad y una reivindicación democrática" porque así lo determinó la comisión de asuntos institucionales del Parlament en una resolución del 2014 y recuerda que también el Parlament ha votado en el pasado en contra de la supresión de los lazos amarillosel pasado junio por 88 votos a favor y 40 en contra. Sostiene que retirar los lazos daría la razón a los partidos "que han atacado" a esta simbología y se incurriría, entonces sí, en una "ausencia de imparcialidad".

En cuanto a la "dificultad legal" de obedecer la orden, alega Torra en su escrito que existen muchos edificios públicos en toda Catalunya que no son propiedad de la institución o que no son gestionados directamente por la Generalitat. Y apela a la "libertad de expresión" como derecho fundamental del que gozan los funcionarios públicos y todo el personal al servicio de la administración, sin perjuicio de lo que indica el estatuto de los empleados públicos sobre la "imparcialidad" y el "bien común" que ha de guiar su actuación. Por todo ello Torra pide que se reconsidere la decisión de la Junta Electoral central pero mantiene las pancartas, y en especial la que cuelga del palau de la Generalitat. A este resepcto, fuentes del Govern apuntan que existían soluciones imaginativas para responder a la LEC sin desobedecerla, como mantener la pancarta en favor de los "presos políticos y exiliados" pero sin el lazo amarillo.

Desobediencia, querella o nuevo requerimiento

Aparte de la sanción económica por incumplimiento, de entre 300 y 3.000 euros, uentes jurídicas explicaron a este diario que la JEC tiene capacidad coercitiva indirecta, es decir, que en caso de incumplimiento de sus acuerdos pueden deducir testimonio para que se investigue si Torra ha incurrido en un delito de desobediencia. En el caso del 'president' esto correspondería al TSJC, al estar aforado. También cabe la posibilidad de que se traslade a Fiscalía para que presente la correspondiente querella ante el TSJC. No es descartable que la JEC haga un segundo requerimiento a Torra antes de recurrir a los tribunales, informa Ángeles Vázquez.

Fuentes gubernamentales confirmaron que debe ser la JEC la que debe actuar, y no el Ejecutivo, puesto que es el órgano regulador de las elecciones quien ha tomado la medida para garantizar la neutralidad de la campaña que Torra rechaza cumplir, informa Iolanda Mármol.

La evolución del discurso

La posición del Govern en relación a este conflicto ha ido evolucionando. El martes de la pasada semana, tras la reunión del Govern, la portavoz y 'consellera' de Presidència, Elsa Artadi, sostenía en rueda de prensa que "en absoluto" se planteaba retirar la simbología. En la sede de varios Departamentos de la Generalitat cuelgan lazos amarillos y símbolos en defensa de los presos indepedentistas y del balcón del Palau de la Generalitat cuelga desde hace semanas una pancarta con el lazo, lazo que por cierto también está presente en el balcón del ayuntamiento de Barcelona, junto a una pancarta en favor de la oenegé Open Arms de apoyo a los refugiados.

Tras la primera respuesta de Artadi, y a preguntas de Ciutadans en la sesión de control al Govern en el Parlament, el titular de Exteriores Alfred Bosch, eludía responder en concreto a la pregunta de si se mantendrían los lazos amarillos. Bosch hizo un alegato contra la "censura" y en defensa de los derechos y libertades.

Finalmente, este martes, al conocerse la resolución de la JEC, Artadi prometía que la Generalitat presentaría un recurso y que mantendría una actitud "combativa", si bien tampoco detallaba si se mantendrían o no símbolos como la pancarta del Palau. Artadi dejaba la decisión definitiva en manos del 'president' Torra, que la tomaría tras elevar una consulta a los servicios jurídicos de la Generalitat.

Mientras, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la titular de Justicia, Dolores Delegado, han advertido a Torra de que el Ejecutivo español dispone de mecanismos para hacer cumplir la resolución. Una resolución que el 'expresident' Carles Puigdemont calificó de "arbitraria" y "politizada". Puigdemont ha sugerido el caso es el intento de llevar a cabo una "construcción" de otro caso de desobediencia, esta vez contra el 'president' Torra.