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El Govern da largas a la recuperación de las leyes suspendidas

El Ejecutivo agota el plazo para presentar un plan y lo fía a la negociación con el Estado

Solo se ha una retomado la vigencia de una de las catorce normativas tumbadas

Fidel Masreal Júlia Regué

La ’consellera’ de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, junto al ’president’ de la Generalitat, Quim Torra.

La ’consellera’ de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, junto al ’president’ de la Generalitat, Quim Torra.

El Govern fía la suerte de las leyes sociales cercenadas parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC) a la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo pilotado por Quim Torra no ha emprendido ninguna maniobra para impulsar su efectividad, como exigía la moción impulsada por la CUP y apoyada por el hemiciclo el pasado 5 de julio. Los socios de Govern, que votaron desde sus escaños a favor, se comprometían a presentar en un plazo de 90 días un informe equivalente a un "plan de ejecución", pero el tiempo se ha agotado y todas las leyes, excepto una, siguen tumbadas sin un proyecto para reactivar su vigencia. Tampoco ha tratado de volver a presentarlas vía lectura única para sortear los recursos, una práctica que ideó Carles Puigdemont con la ley de emergencia social.

En la respuesta escrita a las preguntas de los 'cupaires' sobre esta cuestión, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la 'consellera' de Presidència, Elsa Artadi, resume el estado de estas catorce normativas y admite que no ha habido más recorrido que la esperanza en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retire los recursos de inconstitucionalidad presentados por el anterior inquilino en la Moncloa. 

Después de la reanudación de la Comisión Bilateral, donde pactaron comenzar a levantar dichas suspensiones, tan solo una de ellas ha recuperado su plena vigencia y aplicabilidad: la ley de universalización de la asistencia sanitaria, que fue desbloqueada cuando el Gobierno impulsó su propia legislación nacional y reclamó al TC que extinguiese la demanda.

Artadi responde a las exigencias de los anticapitalistas que aún "se está negociando la posible retirada total o parcial" de los recursos presentados sobre otras cinco: la ley del cambio climático, la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos a grandes establecimientos comerciales; la de la Agència Catalana de Protecció Social y de la Agència de Ciberseguridad de Catalunya, y la ley del impuesto sobre los activos no productivos de las persona jurídicas.

Solo hay un compromiso sellado por el consejo de ministros el pasado 2 de noviembre para dar luz verde a la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y a la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

La ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres sigue parcialmente anulada, sin previsiones de que deje de estarlo, y en cuanto a la de asociaciones de consumidores de cánnabis ya se ha dictado su inconstitucionalidad y el Govern no indica ninguna acción de respuesta. El resto de normativas quedan pendientes de sentencia. 

La CUP exige un plan

Aunque en el escrito se insiste en que "el Govern persiste en su voluntad de recuperar, por todas las vías posibles, la plena vigencia" de estas leyes, la mera explicación de los trámites y no una hoja de ruta clara ha enfadado a los anticapitalistas, impulsores de la moción.

El diputado Vidal Aragonés, destaca, en declaraciones a este diario, el contenido social de las leyes y carga tanto contra el Ejecutivo catalán como contra el Gobierno por no desatascarlas. "No se permite un ejercicio de soberanía al Parlament y Sánchez no está demostrando que tenga un talante diferente al del ejecutivo anterior", afirma, y añade que están "preocupados" porque el Govern, con sus prácticas, "no entiende qué supone el derecho a la autodeterminación".

"Lo que está haciendo Torra para hacer efectivo el contenido es cero, ni tan solo hacen lo máximo que en términos de legalidad se les permite", reprocha el 'cupaire', y asegura que presentarán un escrito a la Mesa para que Artadi vuelva a responder a sus preguntas explicando su plan "si es que lo hay" y "no el estado administrativo de las leyes". Y es que pese a ser la iniciativa estrella del 'president' durante su debate de investidura no ha habido visos de desacatamiento y, analizando las intenciones tecleadas por Artadi, parece remoto que suceda.