El Gobierno se da un año para limitar el aforamiento de políticos

En la celebración de sus primeros cien días de Gobierno, envuelto entonces en la polémica sobre su tesis, Pedro Sánchez anunció su determinación de reformar la Constitución para limitar los aforamientos de los políticos, en una operación exprés que se resolvería en solo 60 días. El Ejecutivo admite ahora que ese cálculo es inasumible y se da "un año de plazo" para lograr el recorte de esta prerrogativa judicial, que implica la modificación de los artículos 71 y 102 de la Carta Magna. 

Aunque el Consejo de Ministros validó este viernes el anteproyecto de ley, la tramitación parlamentaria se prevé tortuosa. Cuando Sánchez anunció en septiembre su intención de limitar los aforamientos cogió por sorpresa a la oposición. PP y Ciudadanos pusieron matices, pero parecían aceptar el cambio. El Congreso aprobó incluso una moción sin valor normativo pero simbólica presentada por el partido de Albert Ribera en la misma dirección. Sin embargo, este viernes conservadores y liberales endurecieron su posición y expresaron su rechazo a la iniciativa. Sin sus votos, el límite a los aforamientos no puede salir adelante porque para reformar la Constitución se necesita una mayoría reforzada. 

El Consejo de Estado aprueba con al menos un voto en contra la reforma de los aforamientos

En todo caso, el cambio es de alcance limitado, puesto que afecta solo a miembros del Gobierno, diputados y senadores, que son una ínfima parte de los 250.000 aforados, 232.000 de los cuales son miembros de las fuerzas de seguridad, del Estado o autonómicas. Además, los políticos solo perderán esta prerrogativa cuando se les juzgue por acciones cometidas fuera del ejercicio de su cargo. Es decir, que los posibles delitos en los que incurran en sus funciones seguirán bajo el aforamiento. Esto deja fuera a la mayor parte de los delitos de corrupción.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó tras el Consejo de Ministros que no habrá lista de delitos excluidos del aforamiento, con lo que los de corrupción seguirán amparados por el fuero especialde corrupción seguirán amparados siempre que sean cometidos en el ejercicio de sus cargos. "No hay una sola Constitución que tenga un listado de delitos de corrupción", argumentó.

Aforamientos autonómicos

La reforma que pone en marcha Sánchez no afecta a los parlamentarios autonómicos ni miembros de los Ejecutivos regionales. "Nosotros tenemos que respetar a las autonomías y no podemos decir lo que tienen que hacer sus Parlamentos", defendió Calvo. Su planteamiento recoge la sensibilidad de partidos como ERC y PDECat, pero va en contra de lo exigido por Ciudadanos, que quiere que se limite también el aforamiento en las autonomías. 

Unidos Podemos ya anunció que si se abre la reforma constitucional pedirá un referéndum. Tiene capacidad de hacerlo, pues se necesitan 35 diputados y tienen 67.