27 feb 2020

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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno enfría su reforma de los aforamientos y excluye al Rey

El Ejecutivo endosa al Consejo de Estado la propuesta de cambio constitucional en aras del "consenso"

Asegura que dejará sin la protección a los delitos por corrupción y defiende la "inviolabilidad" del Monarca

Juan Ruiz Sierra

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este viernes tras el Consejo de Ministros. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este viernes tras el Consejo de Ministros.  / JOSÉ LUIS ROCA

La reforma de los aforamientos políticos tiene un horizonte tan complejo, y las posturas de los partidos son tan distantes, que el Gobierno decidió enfriarla este viernes. En lugar de aprobar el anteproyecto de reforma constitucional para acabar con estos privilegios de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo (que solo pueden ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo), la Moncloa encomendó al Consejo de Estado la elaboración del cambio en la ley fundamental. Bajo unas "directrices" claras: el aforamiento se limitará a los actos en el ejercicio del cargo público, los delitos de corrupción estarán excluidos de esta protección y en ningún caso se abordará la inviolabilidad del Rey.

"Es importante que el Rey mantenga su inviolabilidad. Además, su modificación en la Constitución requiere un procedimiento agravado. No entra en absoluto en este paquete. De ninguna de las maneras", dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Lo que sí "entra" es que los delitos de corrupción, por su especial gravedad, queden fuera del aforamiento de los políticos, continuó la también ministra de Educación. El Gobierno había sido muy criticado esta semana por mostrarse reacio a dar el paso.  

Las mayorías necesarias

La Corona aparece en el Título II de la Constitución. Para cambiar su regulación, son necesarias mayorías de dos tercios en el Congreso y el Senado, disolución de las Cortes, elecciones y referéndum. Para limitar el aforamiento de los políticos, regulado en los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna, bastan, en cambio, tres quintos en ambas cámaras. Pero más allá del procedimiento, el Ejecutivo evita entrar en sus motivos para no tocar al Monarca. Cuando se le preguntó por qué era tan "importante" que el Rey continúe con su estatus jurídico, Celaá se limitó a contestar: "Es el jefe del Estado".

Con esta posición, los socialistas se alejan de los grupos que apoyaron la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez a la Moncloa. El PNV pide acabar con la inviolabilidad del Monarca, al igual que ERC y el PDECat, que además reclaman que el derecho de autodeterminación sea incluido en la reforma. Y Podemos, principal socio del Ejecutivo, coincide en que hay que cambiar la regulación de la Corona, una reivindicación a la que añade la necesidad de celebrar un referéndum sobre esta reforma. Los morados no necesitan a nadie para forzar su convocatoria: representan más del 10% del Congreso que prescribe la Constitución para una iniciativa de este tipo.

El Gobierno se alinea aquí con el PP y Cs, que tampoco quieren quitarle la protección al Rey, pero la sintonía no va mucho más allá. Ni populares ni naranjas han dado el visto bueno a la iniciativa anunciada el pasado lunes por Sánchez. El PP, sin cuyo concurso es inviable cualquier retoque de la Carta Magna, no tiene prisa: abogan por abrir una ponencia en la Comisión Constitucional para analizar a fondo la cuestión. El Ejecutivo, en cambio, quiere tener lista la reforma en "60 días" desde que empiece su tramitación parlamentaria, pero no aclara cuándo cree que el Consejo de Estado, al que no se le ha pedido el trámite de urgencia, tendrá lista su propuesta. Tampoco cuándo podrá ser tomada en consideración por el Congreso.

Aunque la eliminación de los aforamientos ha sido una de las principales banderas de Cs, los naranjas tampoco apoyan aquí al Gobierno. Consideran que Sánchez se ha quedado corto, y sobre todo creen que el presidente ha lanzado ahora esta propuesta para eclipsar la polémica sobre su tesis, que este viernes motivó una querella de Vox. "Deje de tomar el pelo a los españoles, señor Sánchez", escribió Albert Rivera en Twitter.

Versiones distintas

El Gobierno dice tener muy en cuenta las dificultades de poner límites a los aforamientos. Fuentes de la Moncloa ven "complicado" que acabe aprobándose la reforma constitucional, pero insisten en que deben intentarlo. El informe previo al Consejo de Estado, y no posterior como es habitual, encaja en este enfoque. "Puede favorecer el consenso", explicó Celaá.

El recurso al máximo órgano consultivo representa una novedad en la posición que el Gobierno ha mantenido sobre estos privilegios. Una más. El pasado 13 de septiembre, la titular de Justicia, Dolores Delgado, se limitó a anunciar un estudio interno para "racionalizar" los aforamientos. La ministra se refería no solo a los políticos, regulados en la Constitución, sino a todos. En España, cerca de 250.000 personas (la mayor parte policías, jueces y fiscales) disfrutan de alguna versión de este privilegio. Solo cuatro días después de las palabras de Delgado, Sánchez anunció que iba a proponer al Parlamento "suprimir los aforamientos con una reforma constitucional". De momento, la propuesta la hará el Consejo de Estado.