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MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

El Gobierno estudia que la apología del franquismo sea delito

También se plantea cambiar la Ley de Memoria Histórica para ilegalizar asociaciones que defiendan al dictador

El Periódico / Agencias

Imagen de Franco.

Imagen de Franco.

El Gobierno estudia reformar la Ley de Memoria Histórica para declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo y convertir en delito la defensa pública de dicho régimen dictatorial, lo que supondría modificar el artículo 510 del Código Penal.

En una respuesta por escrito con fecha de 11 de octubre a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno subraya que en la reforma de la ley "se incluirán las modificaciones legales oportunas, para que se declaren ilegales las Asociaciones y Fundaciones que realicen apología del franquismo, e igualmente se está estudiando la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir dicha apología como delito".

Mulet preguntaba concretamente al Gobierno sobre qué haría con las siguientes fundaciones: Fundación las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Ramiro Ledesma Ramos, Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Serrano Suñer.

Omisión de cuentas

En la pregunta del parlamentario de Compromís sobre las ocho fundaciones sobresale la referida a la Fundación Nacional Francisco Franco, ya que, según detalla en su escrito el senador, no habían presentado las cuentas del 2008 al 2010, ni tampoco las del 2002 y las del 2003. A esta circunstancia denunciada por el senador, el Ejecutivo responde en su escrito del 15 de octubre recogido por Europa Press que, "si en las actividades que desarrolle la fundación se encontraran por el Protectorado de Fundaciones indicios racionales de ilicitud penal, se daría traslado de los mismos al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente".

Asimismo, el escrito del Ejecutivo recalca que "si se advirtiera una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, se podría solicitar de la autoridad judicial la intervención temporal de la fundación". Esta es una medida cautelar contemplada en la ley para los casos en que se aprecie una grave discrepancia entre las finalidades previstas en los Estatutos y las actuaciones reales de la entidad.  

Además, el Gobierno responde al senador del Grupo Mixto que el Ministerio de Cultura y Deporte "es el competente en materia de Protectorado de Fundaciones" y que "no puede dar información que afecte a la privacidad de una determinada fundación". Mulet ha lamentado esta respuesta por "contradictoria" y desde Compromís destacan que el Gobierno de Mariano Rajoy sí que informó puntualmente siempre que se le preguntó sobre esas fundaciones.

Recuerdan también desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez que la Ley de Fundaciones "atribuye al Poder Judicial, y no al Gobierno, la extinción de una fundación cuando concurran las causas establecidas en las leyes".