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MOCIÓN EN EL SENADO

Los infructuosos intentos de ilegalizar la Fundación Francisco Franco

El PSOE registra ahora una moción en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para obligar a los partidos a retratarse

Miriam Ruiz Castro

Fachada del edificio donde se encuentra la sede de la Fundación Francisco, en la calle de Concha Espina de Madrid. 

Fachada del edificio donde se encuentra la sede de la Fundación Francisco, en la calle de Concha Espina de Madrid.  / JUAN MANUEL PRATS

"Difundir el conocimiento de Francisco Franco" y "contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española".  Son los fines que aparecen en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte vinculados a la Fundación Francisco Franco, que lleva más de 40 años activa. Entre sus funciones se incluye la conservación del archivo personal del dictador, que obra en su poder, o la recientemente encomendada gestión de las visitas al Pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco y Bien de Interés de Cultural. Y también una intensa actividad en redes sociales para homenajear al dictador y exaltar su figura; presentar querellas contra municipios que retiran bustos de generales franquistas e incluso ofrecer asesoría jurídica a los alcaldes que no quieran cumplir la ley de memoria histórica. Y muchos consideran que su mera existencia en democracia es una anomalía.

El PSOE, padre de la ley de memoria histórica, se ha propuesto ilegalizar la fundación. Pero ha registrado para ello una moción en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP reduce sus posibilidades de prosperar. Lo socialistas buscaban que el PP se retratara, e incluso barajaban la opción de que, con su mayoría en la Mesa, la tuvieran "durmiendo el sueño de los justos" para acabar desechándola sin llegar a tramitarla. Sin embargo, la moción ha pasado el primer trámite y se debatirá en la próxima reunión de la comisión de Justicia -no en la Constitucional, como querían los socialistas-, aún sin fecha fijada. En el texto, el PSOE pide que la Abogacía del Estado determine en un informe si la fundación se ajusta o no a derecho. Pero aunque llegara a aprobarse, el Gobierno podría hacer caso omiso.

Intentos sin resultado

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya llevó al Congreso 218.600 firmas en 2017 para pedir una reforma en la ley de fundaciones. Podemos había registrado una proposición similar y 16 meses después sigue pendiente de ser incluida en el Pleno. La apuesta de Podemos "no es ilegalizar, sino prohibir la apología del franquismo". También piden que no se dé ninguna subvención pública a estas fundaciones e incluso se plantean querellarse con quienes "hagan con su actividad honor a un dictador, al franquismo o a su ideología", según indican desde la formación. Fuentes de Ciudadanos aseguran que son "partidarios de que se abra el debate para estudiar si la fundación se adecua a la ley de fundaciones y si tiene encaje legal", aunque quieren que se extienda "a todas las asociaciones y entidades del signo que sean y que puedan ser contrarias a los valores constitucionales", indican.

También en noviembre, la comisión de Cultura del Congreso votó una proposición no de ley que pedía al Gobierno a recuperar la gestión del Pazo de Meirás y, tras la enmienda del grupo socialista, también se instó al Gobierno a ilegalizar la fundación y condenar sus manifestaciones de apología del franquismo. La iniciativa contó con el apoyo de todos los partidos, y con la abstención del PP, que en boca del diputado Miguel Lorenzo, defendió: "Si tiene que ser declarada ilegal, que se declare; pero que para eso se inicien los correspondientes procedimientos. Tienen que ser resoluciones judiciales o administrativas que estén basadas en la legalidad". Como ocurre con la mayoría de las iniciativas que "instan al Gobierno", meses después no se ha traducido en ninguna acción en concreto.

La batalla de la izquierda por la memoria

El argumento que llega desde las filas socialistas para presentar su moción en el Senado en lugar de en el Congreso, donde le vendrían mejor los números, es que el partido ya llevó a la Cámara Baja una proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica. La medida buscaba ampliar la norma que nació en un gobierno socialista, y que es uno de los mayores estandartes de un legado que el PSOE de Pedro Sánchez quiere reivindicar frente a un Podemos sin experiencia de Gobierno. En su propuesta se incluía que se declaren ilegales asociaciones y fundaciones que públicamente "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la guerra civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo".

El Gobierno usó su capacidad de veto para frenar la iniciativa sin que ni siquiera se llegara a tomar en consideración, alegando que suponía cambios presupuestarios. Desde el PSOE critican que la Mesa, controlado por el PP y Ciudadanos, decidió mantener el veto del Gobierno, mientras que en la formación naranja se escudan en que tras la decisión del Ejecutivo, poco podían hacer. De no haber existido ese veto, fuentes de Ciudadanos aseguran que el sentido de voto ante la iniciativa socialista “es algo que no se ha planteado”, pero insisten en condenar “todas las acciones que vayan orientadas a hacer apología de la dictadura, que no tienen ningún tipo de cabida en democracia”. Y aprovechan para reprochar a los socialistas que en Ciudadanos “siempre han defendido que se debe cumplir con la ley en vigor y dotarla económicamente para que se pueda desarrollar, cosa que no han hecho ni PP ni PSOE”.

Días después llegaba al registro del Congreso una proposición de igual nombre a la del PSOE, esta vez firmada por Unidos Podemos, aunque de diferente contenido. La iniciativa, menos ambiciosa que la socialista y sin mención a ilegalizar la Fundación Francisco Franco, no sufrió el veto del Gobierno y está a la espera de que la mesa ponga fecha para su toma en consideración. La carrera por la memoria histórica ya se libra en las dos formaciones a la izquierda del arco parlamentario, y en ambos partidos se suceden reuniones con asociaciones memorialistas e incluso actos de visita a lugares como el Valle de los Caídos. Pero en el PSOE insisten que parten con ventaja. Por eso no descartan nuevas iniciativas, como la posibilidad de llevar al Congreso, esta vez sí, una moción similar a la que han trasladado al Senado. Pese a que insisten en que el problema de Ciudadanos es "ideológico", están convencidos de que no tendrán excesivos problemas a la hora de encontrar apoyos para estas iniciativas. "Nuestra obligación es seguir intentándolo".

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