Macrooperación policial por corrupción en la Diputación de Barcelona

Unos 500 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están desarrollando desde primera hora de la mañana de este jueves una macrooperación con 20 registros y 30 detenciones a raíz de un presunto caso de corrupción en la Diputación de Barcelona. Los delitos atañirían a la época en que Salvador Esteve (CiU) era su presidente. Los investigadores sospechan que el desvío de dinero público a través de subvenciones suùestamente irregulares asciende a más de dos millones de euros. De los arrestados solo cinco pasarán a disposición judicial. Los otros han quedado en libertad.

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Macrooperación en Catalunya por corrupción

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha ordenado la detención del alcalde de Tordera y diputado delegado de Hisenda de la Diputación, Joan Carles García, así como de Esteve, el presidente del organismo supramunicipal en el momento de los hechos. También ha acordado la detención de Jordi Castells Masanés, a quien los investigadores consideran el máximo responsable del supuesto desvío irregular. Castells era entonces director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Actualmente es subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat. Por últim han sido también arrestados el exdirigente de CDC Víctor Terradellas y el socio del diputado de JxCat Francesc de Dalmases. Entre los detenidos también se encuentra Jonathan Jorba, jefe de la oficiona de cooperación de la Diputación, y Joaquin Ferrer Serra, director de la patronal PIMEC hasta el 2014.

Malversación y tráfico de influencias

La policía ha practicado 30 detenciones (aunque la mayoría quedaron en libertad pocas horas después) por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. El juez también ha ordenado registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, en entidades sin ánimo de lucro, empresas y viviendas particulares en varias poblaciones catalanas.

En concreto, los agentes han entrado en la Oficina de Cooperación al Desarrollo, ubicada en la calle Londres de Barcelona, en la Fundació CATmón y la asociación Igman -perceptora de las ayudas públicas-, en la patronal Pimec, en la oficina de Castells en la Conselleria de Governació, y en la sede central de la Diputación de Barcelona, para registar en el despacho de Joan Carles García. Se están incautando ordenadores y documentos.

Fondos de cooperación

La operación 'Estela' investiga el reparto supuestamente irregular a empresas, fundaciones y patronales de más de dos millones de euros que debían ser en realidad destinados a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo. Las pesquisas se iniciaron a raíz de un aviso anónimo.

Una de las entidades en el punto de mira es la Fundació CATmón, que tiene como objetivo el reconocimiento internacional de la "nación catalana". La preside Víctor Terradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC, y uno de sus patrones es el ahora diputado de Junts per Catalunya Francesc Dalmases.  Esta organización recibió subvenciones, al igual que la Asociación Igman, también fundada por Terradelles y Dalmases, y con la que comparte sede. Solo estas dos entidades -CATmón y Igman- han recibido, entre el 2011 y el 2015, más de 10 millones de euros de diferentes organismos públicos catalanes.

El máximo responsable del reparto supuestamente irregular de esos fondos es Jordi Castells, que era director de Relaciones Internacionales de la diputación y, tras cesar en ese cargo, fue rescatado por la Generalitat como jefe de servicio de gestión de la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Governació. Castells fue aupado al cargo en la diputación tras la victoria electoral de CiU en el 2012 por el entonces coordinador, Josep Maria Matas.

Etapa convergente

Esta etapa convergente comportó cambios en la política de cooperación y desarrollo, dando entrada a entidades con un cariz totalmente diferente. Algunas oenegés y entidades sociales arraigadas en Catalunya fueron desapareciendo del listado, en detrimento de organizaciones estrictamente patronales, como la PIMEC (156.000 euros) y el lobbi energético Fundación Empresa y Clima.

La justicia también investiga subvenciones a la empresa Sestrategic y Konsector, a la Fudación Privada Utopía, a la Fundación Privada Plataforma Educativa (dirigida por el exdirecor de la DGAIA, Ricard Calvo) y a la Fundación Universitaria Iberoamérica, la empresa Discatimat, entre otros. En algunas ocasiones, los beneficiarios obtenían los fondos en sucesivos contratos menores, que permiten el reparto sin publicidad, pero no pueden superar los 18.000 euros. La sospecha es que muchos proyectos no se llevaron a cabo.