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MACROOPERACIÓN EN BARCELONA

Así actuaba la trama de desvío de fondos de la Diputación de Barcelona

En las memorias de los proyectos se incluían documentos que se pueden encontrar en internet o se usaban conocimientos genéricos

Del análisis de los expedientes se desprende "un incumplimiento bastante grosero" del procedimiento administrativo, según el juez

J. G. Albalat

Agentes de la Policía Nacinal durante el registro en Reus. / SILVIA JARDÍ (ACN)

Agentes de la Policía Nacinal durante el registro en Reus.
Registro policial en la Fundació Plataforma Educativa de Girona.
Agentes en la oficina de la Diputació de Barcelona de la calle Londres, núm 55.

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La trama de desvío de fondos para la cooperación de la Diputación de Barcelona ha utilizado copias de documentos que pueden encontrarse en internet para elaborar las memorias de los proyectos o utilizaban conocimientos genéricos que se pueden obtener en manuales, según consta en un auto judicial de los registros. Además, algunas entidades receptoras fueron creadas poco antes de otorgarse la subvención directa, por lo que carecían de cualquier tipo de experiencia en el sector. Un ejemplo, Voltia Solutions.

Al entender de los investigadores, las justificaciones de las subvenciones eran "sumamente deficientes" o se presentaban después de recibir la ayuda íntegra, de tal modo que "parece una mera apariencia documental para cubrir el trámite burocrático". La Policía Nacional también ha llegado a la conclusión de que algunas personas recibieron fondos de la Diputación de Barcelona en la época de Salvador Esteve utilizando diferentes identidades (a su nombre o como entidad sin ánimo de lucro). De esta manera, se aparentaba que las ayudas iban a parar a diferentes beneficiarios, cuando en realidad se trataba de las mismas personas. Así se infringía el límite monetario de 18.000 euros y se podía dar esta ayuda de forma directa.

Fuentes policiales han asegurado que las pesquisas han permitido corroborar que la mayoría de los proyectos para la cooperación investigados no se llevaron a cabo y que algunas empresas fueron creadas "expresamente" para el cobro de ayudas públicas. También se sospecha de la existencia de facturas. 

Las resoluciones del juez también apunta a que existen indicios de que los técnicos de la Diputación fueron presionados por su jefe, Jordi Castells Masana, para que emitieran informes favorables al otorgamiento de ciertas subvenciones, a pesar de que el dictamen inicial era contrario. Este hecho consta en un informe de la Agència Catalana de la Salut incorporado al proceso judicial.

Actividades privadas

Según el magistrado, si bien la adjudicación directa de ayudas es legítima, el análisis de los expedientes administrativos permite pensar "en una concesión directa de fondos públicos para actividades privadas o para fines públicos diferentes y ajenos a la corporación al desarrollo internacional de comunidades pobres".  El juez destaca en el auto que de todo ello se desprende un "incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo".

Por ejemplo, se inicia el expediente sin haberse entregado los borradores de varios proyectos; se presenta la factura antes de la entrega del trabajo; la justificación de la adjudicación por parte de la Diputación carece de cualquier tipo de fundamento y usa una fórmula general aplicable a cualquier subvención, no se presenta la memoria técnica ni propuesta económica o no se aporta el trabajo encargado en el periodo establecido (a veces un año después).

Los análisis realizados por la Policía Nacional revelan que en alguna ocasión el dinero de las subvenciones presuntamente transitaba de forma anómala entre cuentas corrientes de diferentes empresas o entidades. Este es el caso de la fundación Catmon, la asociación Igma y la mercantil Discatimat, todas ellas relacionadas entre ellas y las dos primeras vinculadas al exdirigente de CDC Víctor Terradellas, una de las personas detenidas.

Las subvenciones se otorgaron por supuestos proyectos de desarrollo en el área del Magreb, el tratamiento de agua y renovación de localidades en Marruecos, planes de cohesión social en Honduras, gestión de servicios en Costa Rica, acciones en Panamá, Uruguay y Brasil, Perú, Chile, Colombia, la creación de una revista o la elaboración del plan de internacionalización de las poblaciones de Granollers e Igualada. En total: 26 expedientes bajo sospecha.

En su auto el juez hace mención a la "influencia de las relaciones personales entre funcionarios y empresarios" y, sobre todo, destaca la intervención en las operaciones de Jordi Castells, el director de Relaciones Internacionales de la Diputación, que dentro de dicha institución "imponía su criterio".El magistrado incide que "resulta probable" que este detenido siga teniendo relaciones personales y profesionales con algunos ayuntamientos en su cargo de la Generalitat.

Temas: Diputaciones

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