Tregua en el veto a las exhumaciones del Valle de los Caídos

Tregua en el insólito enfrentamiento que libra el prior del Valle de los Caídos, Santiago Carrera, con la familia Lapeña, que lucha desde hace años por conseguir exhumar los restos de dos parientes enterrados en el mausoleo franquista, en un episodio que recuerda al mejor cine de Berlanga. La retirada del recurso contencioso administrativo en su cruzada personal contra las exhumaciones permite por fin retomar los trabajos arqueológicos y forenses que se realizan en el conjunto monumental del El Escorial desde el pasado noviembre.

No ha sido sencillo: el religioso convirtió una sentencia firme de hace dos años -que obliga a permitir el acceso a expertos al lugar- en una surrealista lucha de poderes que ha finalizado tras rechazar acudir al Senado para explicar su punto de vista y forzar un controvertida visita de senadores del PP y el PNV -ahora anulada- a la abadía con el objetivo de intentar razonar con el prior. La pregunta es: ¿Cómo es posible que el superior de un monasterio pueda amenazar con no cumplir la ley sin pestañear? La respuesta: puede hacerlo y lo hizo bajo el fundamento de que los trabajos arqueológicos podrían dañar la basílica en la que también está enterrado el dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Desautorizado por la cúpula

La única persona con autoridad sobre Carrera es el abad de su orden en Francia. Ni la Iglesia ni el Estado tienen potestad sobre él porque el estatus que rige el Valle de los Caídos es un convenio que data de 1958 suscrito entre la abadía de Santo Domingo de Silos y la Congregación de Santa Cruz fundada en Le Mans (Francia). Es decir, el único superior al que guarda pleitesía es un abad francés. El Valle de los Caídos es una especie de Christiana. Un lugar no sometido a la ley del resto de los mortales. La decisión del prior benedictino llega tras ser desautorizado públicamente por el propio presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y la intermediación del PP, que asegura que contactó con el prior para hacerle llegar la sensibilidad de las familias e intentar desbloquear la situación. 

Pero el elefante sigue en la habitación pese al soplo de aire fresco y parece que seguirá durante tiempo indefinido. La imposibilidad de la administración pública y de la Iglesia española de ejercer autoridad sobre ese lugar no tiene fácil solución. El senador del PNV Jokin Bildarratz preguntó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre los plazos para revisar ese acuerdo esperpéntico y la respuesta no pudo ser más incierta: "Esperamos a que se genere consenso político y social, a que sepamos hacia dónde queremos caminar". Y se escudó en el informe de una comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos que aconsejar replantear el convenio cuando exista un consenso real. 

Limbo legal

La ley de 1982 que cedía la gestión del Valle de los Caídos a Patrimonio Nacional también está pendiente de desarrollo y el lugar sigue envuelto en un limbo legal que no se ha afrontado en más de cuarenta años de democracia. La secretaria de Estado de Justicia reconoció la obsolescencia del convenio y la necesidad de restaurarlo, pero el discurso del ministro ha vuelto a dejar el problema en punto muerto. Mientras nada ocurre, la abadía seguirá recibiendo 340.000 euros al año de los Presupuestos Generales del Estado y los técnicos de Patrimonio podrán proceder a las exploraciones para localizar a los hermanos Lapeña y que la familia pueda ofrecerles una sepultura digna a una distancia prudencial de Franco.