OPERACIÓN POLICIAL
La Guardia Civil registra la sede del Diplocat por los pagos a observadores internacionales del 1-O
Los investigadores estiman el coste de la contratación en 119.700 euros
La Guardia Civil está registrando este jueves la sede del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum. En concreto, los agentes buscan documentación sobre los pagons a observadores internacionales que acudieron a Catalunya para vigilar el desarrollo de la consulta independentista del pasado 1 de octubre.
► Qué es el Diplocat, un organismo en liquidación
Según fuentes cercanas a la investigación, agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales. En un informe, la Guardia Civil estima que estos contratos tuvieron un coste de 119.700 euros.
El citado informe señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.
Dos transferencias
Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".
En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.
Se da la circunstancia de que el Gobierno echará mañana el cierre al organismo, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El pasado martes, el Ministerio de Exteriores publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) una orden aprobada el viernes por el Consejo de Ministros con medidas para la "liquidación y extinción" definitiva del Diplocat. El Gobierno acordó en enero esta medida, pero no se ha ejecutado hasta ahora a la espera de que el Tribunal Supremo resolviese los recursos presentados por el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació Catalana de Municipis.
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