10 años más de desmemoria

La ley de memoria histórica, impulsada contra viento y marea por José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy dejó en papel mojado al retirarle el presupuesto, cumple este mes 10 años. El aniversario llega en un momento en el que la izquierda, incluido el PSOE, y los nacionalistas impulsan varias iniciativas para reformar o superar la norma, aprovechando la minoría del PP.

La polémica legislación vio la luz el 26 de diciembre del 2007, después de una agitada tramitación, en la que el PP se opuso con fuerza porque suponía “abrir viejas heridas”. Del otro lado, ERC, al igual que los colectivos de víctimas del franquismo, consideró que sus preceptos en pro del reconocimiento y la ampliación de derechos eran insuficientes.

Hoy en día, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), encargada de la mayoría de las exhumaciones de fosas con restos de represaliados, considera que la ley “no da satisfacción a los tres elementos que conforman los programas de transición de las dictaduras a la democracia: verdad, justicia y reparación”. Mientras tanto el portavoz de la red catalana de apoyo a la querella argentina, Felipe Moreno, pone voz al sentir generalizado entre las víctimas al señalar que “lo que tenía que ser una ley para reparar décadas de olvido se convirtió en losa, en una ley de punto final y en una operación de maquillaje”.

2.446 declaraciones de nulidad

Y la llegada de Rajoy trajo consigo la derogación, de facto, de la ley. Desde el Gobierno se sostiene que se sigue aplicando, pero no se facilita la cantidad anual que se destina a la misma y se reconoce que no se ha ayudado a la apertura de ninguna fosa, pese a que la ley habla de la “colaboración” del Estado en su localización y apertura. En estos diez años, eso sí, se han emitido 2.446 declaraciones de nulidad y se han concedido 337.642 nacionalidades a exiliados y miembros de las brigadas internacionales. “Hay aspectos con los que el PP coincide plenamente y otros no, pero todos ellos constituyen el derecho vigente y se cumplen inexorablemente”, afirma el portavoz popular en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez.

El PP, no obstante, es partidario de “mirar al futuro” y con este mantra es el único partido que se opone a perfeccionar la norma, en línea con las recomendaciones de la ONU. C’s está abierto a la introducción de cambios “siempre que se busque el consenso y no se usen con fines partidistas ni para tapar debates que importan”; mientras que el resto de partidos promueven modificaciones de forma activa. Podemos, por ejemplo, considera "urgente" que se preste una "verdadera atención a los damnificados" y, especialmente, se les ayude a dar digna sepultura a sus allegados, según explica el diputado Eduardo Sotos. 

Las dos iniciativas

En estos momentos hay dos iniciativas que concitan amplio apoyo. La que más recorrido tiene es la promovida por el PDECat para declarar nulas las sentencias franquistas, al igual que hizo el Parlament. La ley de memoria reconoce su “ilegitimidad” porque se contaba, según recordó el diputado Jordi Xuclá en la defensa de la proposición, con que serían los jueces los que declararían la nulidad de los procesos, pero no fue así. Tampoco los tribunales españoles han enjuiciado los crímenes de la dictadura, en base a la ley de amnistía de 1977, que exoneró los delitos comprendidos entre 1936 y la Transición. Por ello, decenas de víctimas se han visto forzadas a llamar a la puerta de juzgados extranjeros, especialmente en Argentina, donde está abierta la llamada querella Argentina, que tiene pocos visos de prosperar, precisamente por la poca colaboración del Gobierno español.

De ahí que la izquierda y los nacionalistas hayan registrado una iniciativa que busca añadir a la ley de amnistía un único artículo que deje claro que sus disposiciones no impedirán sentenciar delitos de genocidio o lesa humanidad. Si bien, esta reforma tiene pocos visos de salir adelante porque no cuenta con el apoyo del PSOE (leer  información adjunta).