Interior tomará "todas las medidas necesarias" contra el acoso a Policía y Guardia Civil en Catalunya

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado este martes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por alentar e inocular "odio" hacia los policías y guardias civiles desplegados por el 1-O. El Gobierno tomará "todas las medidas necesarias" para defenderlos. En su opinión, este "asedio" es "directa consecuencia de las palabras del señor Puigdemont pidiendo que se marcharan de Catalunya".  

Tras subrayar "la profesionalidad y responsabilidad [de ambos cuerpos] ante la grave amenaza", Zoido se ha dirigido directamente a los agentes: "Os aseguro que el Gobierno va a garantizar todos vuestros derechos y va a garantizar vuestra dignidad". Asimismo, ha confirmado que los agentes no abandonarán ningún hotel en el que exista un contrato en vigor.

En su opinión, es "inaceptable y tendrá la correspondiente respuesta jurídica propia de un Estado de derecho, ya que los agentes solo cumplen con su trabajo y garantizan la libertad y los derechos en cumplimiento de las órdenes dictadas por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)". "La sinrazón y el comportamiento antidemocrático solo conducen al precipicio", ha señalado.

Tanto Pedro Sánchez (PSOE) como Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) han pedido que cese este "intolerable" acoso.

Cumbre urgente de respuesta

Horas antes, Zodio reunía de urgencia a los directores generales de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, y de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para estudiar la situación, en una cumbre a la que también asistió el secretario de Estado, José Antonio Nieto. Después, el ministro se trasladó a Moncloa para informar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Soraya Sáenz de Santamaría. Esta mañana, la propia vicepresidenta tachaba estos comportamientos de "mafiosos", tras leer la carta con amenazas de cierre contra uno de los hoteles.

Interior responde así a un comunicado conjunto de los cinco sindicatos policiales -SUP, SPP, CEP, UFP y ASP- en el que solicitaban que se atajara el problema de inmediato y "con todas las medidas legales, logísticas, políticas y de cualquier tipo". "Ya es hora de que el máximo responsable del departamento dé la cara y deje de escurrir el bulto, pasando a respaldar con hechos, más allá de las palabras", se quejaban.

Mientras tanto, la fiscalía investiga si hay delito tras la expulsión de agentes de municipios catalantes.