ANÁLISIS

Suspensión sin el 155

Catedráticos de Derecho Constitucional analizan las maniobras del Ejecutivo de Rajoy para frenar el 1-O

La Guardia Civil a las puertas de la Conselleria de Economia durante la concentración soberanista.

La Guardia Civil a las puertas de la Conselleria de Economia durante la concentración soberanista. / FERRAN SENDRA

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Júlia Regué / Barcelona

Las intervenciones de la Guardia Civil en la macrooperación para evitar el 1-O han sido interpretadas por el Govern como una "aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución". El 'vicepresident' de la Generalitat, Oriol Junqueras, usó estos términos para criticar la intervención del presupuesto de la administración catalana por orden del Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, y el 'president' del Govern, Carles Puigdemont, tachó de "suspensión de facto del autogobierno" y de "estado de excepción", las detenciones a altos cargos del Ejecutivo relacionados con el referéndum.

El artículo 155 permite al Gobierno decretar la suspensión de la autonomía para forzar que el gobierno autonómico reoriente sus actuaciones a lo establecido en la Carta Magna. Para activarlo, debe mandar un previo requerimiento al presidente de dicha región y, en caso de que desoiga, puede sacar adelante las medidas que considere con el asentimiento por mayoría absoluta del Senado. Aunque el artículo no establece qué cautelas se pueden adoptar, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, asegura que una de ellas puede ser "poner a los Mossos d'Esquadra al servicio del Ministerio de Interior", una maniobra que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada ya ha puesto en marcha.

Pese a que públicamente los miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy han rechazado la aplicación de la suspensión de las competencias de la Generalitat, fuentes de la Moncloa reconocen que solo se tardaría "cinco días" en poder aplicarse.

Intervención por orden ministerial

La catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè Barceló, asegura que el hecho de que el Gobierno haya tomado las riendas de las cuentas de la Generalitat responde "de facto" a una suspensión de la autonomía "enmascarada" sin aviso previo ni aprobación en la Cámara Alta. "Una orden ministerial está sirviendo para intervenir las finanzas de la Generalitat", denuncia. "La Generalitat no ha hecho nada para ser intervenida. Sólo dejó de pasar informes y esto no está previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la que se acoge el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", argumenta, y recuerda que "el control de las cuentas es lo único que permite tomar decisiones autónomas". 

"Se están tomando las mismas medidas que si se pusiera en marcha el 155"

Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

En la misma dirección apunta el catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, quien considera que esta intervención supone un "ataque innegable al autogobierno". "Se están tomando las mismas medidas que si se pusiera en marcha el artículo 155 sin declararlo ni ponerlo por escrito", añade Pérez Royo, y apunta que las últimas ofensivas del Gobierno para frenar el desafío independentista se diseñan con la máxima opacidad.  

De causa particular a causa general

Pero no todo puede meterse dentro del mismo saco. Las actuaciones de la Guardia Civil para detener, interrogar y registrar sedes de la Generalitat responden a órdenes judiciales del juez de instrucción número 13 de Barcelona, en una causa abierta a raíz de las polémicas declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal al aseverar que el Govern obtuvo ilegalmente los datos fiscales de los catalanes.

"Este juez está inculpando a todo Catalunya a partir de una causa particular", critica Barceló, y añade que "se debe ser muy cuidadoso" porque se desconoce el contenido de la causa porque está bajo secreto de sumario. "Desconocemos sus ordenes y motivaciones", aclara Barceló. 

"El juez está inculpando a todo Catalunya con una causa particular"

Mercè Barceló

Catedrática de Derecho Constitucional en la UAB

La pregunta clave sigue siendo por qué el juez no actúa directamente contra los 'consellers' del Govern. "No se detiene directamente a los responsables del 1-O porque son aforados y el juez perdería el control de la causa", responde la catedrática, y al igual que ella, Pérez Royo puntualiza que con esta decisión "evita llevar sus maniobras ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)", lugar al que correspondería la investigación de los miembros del Ejecutivo de Puigdemont por su condición de aforados.

"Los actos del 1-O son legales siempre que no los organicen las instituciones"

Xavier Arbós

Catedrático de Derecho Constitucional en la UB

¿Vulneración de derechos?

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Los expertos también alertan de que se están vulnerando derechos fundamentales con la suspensión de actos a favor del 1-O.  Pero Arbós insiste en distinguir entre los ciudadanos y las instituciones para valorar este quebrantamiento: "Los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté prohibido, mientras que las instituciones todo aquello que se les permita". De esta forma, resuelve que el derecho a la libertad de expresión queda suspendido al prohibirse actos de campaña a favor del 1-O, siempre que no estén organizados por el Govern. "Todos los actos de propaganda del referéndum son perfectamente legales. No hay delito porque responden a la libertad de expresión y de reunión", asegura.

Por su parte, Barceló también denuncia que la Guardia Civil y la Policía Nacional "haya actuado sin orden judicial". "Lo sucedido en la sede de la CUP y en algunas imprentas es una provocación porque los agentes se plantaron allí y fue entonces cuando gestionaron la orden necesaria para el registro", concluye.