Ir a contenido

CORRUPCIÓN.CAT

Dos empresarios confiesan el uso de facturas falsas para financiar a CDC

Un proveedor asegura que el Palau sufragó parte de la campaña electoral de CiU del 2004

Los exdirectivos de Ferrovial encausados niegan "rotundamente" las mordidas a Convergència

XABI BARRENA / BARCELONA

El empresario Juan Manuel Parra, de Hispart. / FERRAN NADEU

El empresario Juan Manuel Parra, de Hispart.
El empresario Miguel Giménez-Salinas, de Altraforma.

/

La grieta en el muro de silencio que presuntamente ha rodeado la financiación de CDC se ha abierto este viernes un poco más. Dos empresarios, proveedores del partido han afirmado en el juicio que se sigue por el 'caso Palau' que facturaron sus trabajos a la institución cultural por indicación de Convergència, en concreto de su extesorero Carles Torrent, ya fallecido. Entre estos servicios realizados a los convergentes se halla parte de la campaña electoral de CiU al Congreso de los Diputados del 2004, cuya lista encabezó Josep Antoni Duran Lleida. Ambos acusados se han 'acercado' en los últimos días a la Fiscalía.

Ha sido el empresario Juan Manuel Parra, de la compañía Hispart --dedicada a montaje de sistemas audiovisuales en congresos y mítines--, quien ha afirmado que facturó al Palau los servicios prestados con motivo de la campaña. Parra, eso sí, ha añadido que el sucesor de Torrent en el partido, Daniel Osàcar, "no sabía nada". En total se trata de 13 facturas por un importe superior a 800.000 euros.

Parra ha sido el segundo empresario que ha confesado el uso de facturas falsas. Poco antes, Miguel Giménez Salinas, accionista mayoritario de Altraforma --compañía de publicidad--, ha reconocido haber facturado al Palau de la Música encargos realizados para CDC. Giménez Salinas dijo no saber quién del partido recomendó la vía del Palau de la Música.Hasta ahora,  el acusado había declarado haber recibido tres encargos del propio Palau entre el 2006 y el 2007 por un importe de 60.000 euros cada una.

La polvareda resultante de las declaraciones en el juicio han forzado a la convocatoria del comité ejecutivo del Consorci del Palau, el próximo miércoles. El Ayuntamiento de Barcelona acudirá a la cita con la propuesta de tomar medidas contra CDC. En el consorcio, sin embargo, el Govern cuenta con mayoría.

Estos dos empresarios, y un tercero Pedro Luis Rodríguez que no ha implicado a Convergència, se han llevado unos focos mediáticos que en las previsioines estaban destinados para dos altos cargos de Ferrovial, la constructora que presuntamente habría dado a CDC  el 4% de las contratas obtenidas del Govern, en un ejemplo de manual de tráfico de influencias. “Rotundamente no”. De esta guisa ha desmentido el que fuera director para Catalunya de Ferrovial a finales de los 90 y principios de este siglo, Pedro Buenaventura, lo afirmado por el trio gestor del Palau de la Música, Fèlix MilletJordi Montull y Gemma Montull.

SANT CUGAT, BCN, L'HOSPITALET

Como se esperaba, el exejecutivo de Ferrovial, también acusado y para el que el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, se ha alineado con las tesis del extesorero de CDC, Daniel Osácar. Buenaventura, y también el jefe de relaciones institucionales de la constructora, Juan Elizaga (encargado de los patrocinios), ha negado haberse reunido nunca con el propio Osácar o su antecesor al frente de los números del partido, Carles Torrent. La constructora ya ha negado cualquier trato de favor en la adjudicación de obras por parte de la Generalitat, como un pabellón municipal en Sant Cugat, la L-9 y la Ciutat de la Justícia, donde tiene lugar el juicio. 

Buenaventura ha detallado que todas las aportaciones que su empresa realizó al Palau de la Música fueron en concepto de patrocinios. Unos pagos que empezaron en 1992 y que tenían como objeto dar a conocer una empresa que, más allá de la obra pública, no conseguía adentrarse en la inversión privada.

GRANDES PROBLEMAS EN EL PETIT PALAU

El directivo ha reconocido múltiples reuniones con Millet, pero ha explicado que tenían como objeto debatir e incluso negociar el expediente del Petit Palau, cuya construcción acabó por retrasarse y, por tanto, acabó por generar indemnizaciones por esa demora. El documento más compremetedor que ha mostrado el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, y en el que se vislumbra que, en efecto, se establecía en el Palau el nexo entre la obra pública de la Generalitat y la empresa constructora no tenía relación con Buenaventura, sino con su antecesor, Rafael Puig-Pey.

0 Comentarios
cargando