El juez mantiene la imputación de directivos de Ferrovial por el pago de comisiones a CDC

El juez que investiga el presunto saqueo del Palau de la Música en la época del Félix Millet ha decidido mantener la inputación del directivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura, que solicitó el archivo de la causa al considerar que había prescrito el delito que se le atribuía. Este directivo está implicado en el supusesto pago de comisiones, a través de la entidad cultural, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El magistrado ha vuelto a dar por finalizada la investigación, como ya hizo en marzo del 2013, sobre el presunto desvío de fondos de la entidad cultural, tras ordenar la Audiencia de Barcelona que apartara del procedimiento al exdiputado de CiU, Jaume Camps. Por lo tanto, el fiscal y las acusaciones deberán presentar de nuevo su escrito de acusación, aunque no podrán incluior al exdirigente de CDC al que la Audiencia de Barcelona archivó el caso por prescripción.

El auto del juez insiste en que el que fuera presidente del Palau, Fèlix Millet, "vehiculó un flujo de fondos" de la constructora Ferrovial a través de la entidad cultural, que fueron a parar a Convergència Democràtica "como pago de comisiones por adjudicación de obra pública por parte" del gobierno de la Generalitat y otros organismos públicos entre los años 2000 y 2009. Para evitar el descubrimiento del expolía, señala el magistrado, en los años 2007 y 2008 Millet, junto con otros imputados, procedíó a crear documentación falsa. Del desvío de fondos tambíén se beneficiaron de forma particular Millet y su mano derecha, Jordi Montull, así como familiares directos.

El supuesto pago de comisiones a Converència intervinieron Millet, Montull, así como los ejecutivos de Ferrovial Pedro Buenaventura, director terrotorial en Catalunya de la constructora y después director general de la división de construcción de dicha empresa, y Juan Elizaga, responsable de Relaciones Institucionales, y diversas personas vinculadas a la formación política, como el extesorero Daniel Osácar. El juez enumera una serie de obras públicas por las que supuestamente se pagaron comisiones, entre ellas la construcción de un nuevo pabelló municipal en Sant Cugat del Vallés, la linea 9 del metro de Barcelona y la Ciutat de la Justicia.

Un 4% después repartido

A su entender, Ferrovial abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada. De esa cantidad un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante para Millet y Montull por "su intermediación". El auto recoge que también Jaume Camps (cuya eventual responsabilidad criminal ha quedado extinguida por prescripción) recibió alguna remuneración por su intermediación, al menos, en una ocasión.

Las comisiones de la constructora, añade el juez, vehiculadas a través del Palau de la Música, se articularon a través de tres procedimientos: mediante entregas en efectivos a los tesoreros del partido, mediante la facturación "mendaz" por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante convenios de colaboración "aparentemente" suscritos por la entidad cultural con la Fundació Trias Fargas, directamente vinculada a CDC.

El magistrado ha acordado, por tanto, que se continúe el procedimiento contra 16 imputados y contra 11 empresas como responsables civiles. Añade a la lista a las mujeres de Millet y Montull, a las hijas del primero, y a CDC, todos como responsables civiles como participes lucrativos. El juez tiene pendiente todavía resolver la petición del fiscal sobre el embargo de diferentres sedes de Convergència.