EL ÓRDAGO SOBERANISTA

Independencia 'top secret'

El Govern prepara en la sombra las estructuras que deberían iniciar la desconexión tras un hipotético 'sí' en el eventual referéndum

Carles Viver Pi-Sunyer, máximo responsable de la Oficina d’Estudis de l’Autogovern.

Carles Viver Pi-Sunyer, máximo responsable de la Oficina d’Estudis de l’Autogovern. / RICARD CUGAT

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Rafa Julve
Rafa Julve

Periodista

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'Eppur si muove', que diría Galileo. Porque aunque el Govern haya desautorizado al exsenador de ERC Santi Vidal y él mismo afirmara que fantaseó en sus conferencias con el único fin de animar a la parroquia, el trasfondo de su mensaje algo tiene que ver con la sentencia que lanza Javier Cercas en 'El Impostor': "Para que una mentira triunfe tiene que estar construida sobre algunas verdades". Y lo cierto es que el Ejecutivo de Junts pel Sí está moviendo piezas bajo el tablero para iniciar la desconexión tras la hipotética victoria del 'sí' en un eventual referéndum.

El eje rotacional de este proceso 'top secret' lo conforma la Oficina d'Estudis de l'Autogovern, organismo que dirige el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, el mismo que comandó el Consell Assessor per a la Transició Nacional --cuyos informes, todo sea dicho, fueron papel mojado para los propios independentistas más de una vez-- y que ahora ejerce de núcleo absorbente de toda la información sobre estructuras de estado que preparan, cada una por su cuenta, las 'conselleries'.

Una quincena de personas trabajan en esta oficina, que para seguir rodando según la (última) hoja de ruta prevista requieren del imprescindible concurso del Parlament, en concreto, de que se aprueben las llamadas leyes de desconexión: la de hacienda propia, la de Seguridad Social y la de transitoriedad jurídica, esta última, clave para pasar de la legalidad española a una catalana en exclusiva que dé aval al referéndum y a las posteriores actuaciones.

DE PONENCIA A PROPOSICIÓN

El proceso de tramitación de esas normas fue tumbado en diciembre por el Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional al entender que este no podía hacerse a través de una ponencia porque no contaba con el cuórum de partidos necesario, pues solo formaban parte de ella Junts pel Sí y la CUP. Estas dos fuerzas, sin embargo, desoyeron al tribunal -que exigía empezar de nuevo- porque a mitad de camino hicieron la triquiñuela de cambiar la fórmula de tramitación y de una ponencia pasaron a una proposición de ley, como reclama el TC, con lo que se sienten avalados para continuar y que la Cámara apruebe -los 72 diputados independentistas- las tres normas antes del verano.

Previo plácet de Pi-Sunyer, la ley de transitoriedad jurídica será la piedra de rosetta que traducirá los siguientes movimientos, aunque sigue más escondida que la que descubrió Pierre-François Bouchard en la campaña francesa de Egipto. En ella deben quedar fijadas las reglas de juego del referéndum y el proceso constituyente, pero aunque la CUP afirma que el texto "está hecho al 95%", lo único que se conoce es que su artículo 1 reza que "Catalunya se constituye como una república de derecho, democrática y social".

Los independentistas sacrifican la transparencia para evitar una impugnación. Es más, trabajan con la idea de que esta ley y la convocatoria del referéndum se aprueben solo 10 días antes de poner las urnas, con lo que pretenden dificultar la reacción del Gobierno central. Según dijo el 'president' Carles Puigdemont, el plebiscito tendrá lugar como muy tarde en septiembre, aunque cada vez son más las voces que piden adelantarlo.

APROVECHAR LA TENSIÓN

El 'caso Santi Vidal' ha abierto otra puerta a la Fiscalía para vigilar al Govern, otro posible flanco judicial que se suma a los abiertos contra Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs por el 9-N y al que señala a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir que se votaran las conclusiones de la 'comisión del 'procés''. Aquí el soberanismo quiere hacer de necesidad virtud y, al calor de unas eventuales inhabilitaciones, aprovechar el nuevo pico de tensión para movilizar a los suyos con más musculatura, celebrar el referéndum... y ganarlo. El impulso de un nuevo reglamento que facilite el voto exterior y el voto electrónico alguna relación guarda con ello.

El paso previo, el del Pacte Nacional pel Referèndum, con la implicación de numerosas entidades y la premisa de hacer pedagogía en el resto de España y el mundo, es solo un mero trámite para parte del independentismo; otra forma de mostrar al exterior que el Estado es impermeable a la consulta y, a la vez, un mecanismo de presión más para los 'comuns', para que les resulte más difícil rechazar la vía unilateral.

Descartada esa fase de antemano y ya con el 'sí' de la CUP a los presupuestos, el Govern ya enfoca al 'referéndum o referéndum' y el propio vicepresidente Oriol Junqueras ha subrayado este lunes en RAC-1 que la intención es que el plebiscito tenga "las condiciones más parecidas posibles a los procesos electorales habituales", y que el Ejecutivo ya tiene la "base de datos suficiente" para llevar a cabo su hoja de ruta. Nada de urnas de cartón. El líder de ERC ha negado que haya una partida oculta para la consulta más allá de los 5,8 millones para esa partida que establecen las cuentas del 2017, aunque ya en sede parlamentaria admitió que si hubiera más fondos "no lo diría", no es cuestión de dar facilidades a la fiscalía.

LOS MOSSOS Y LOS DATOS

La desconexión pende de esa transitoriedad jurídica que anteponga la (nueva) legalidad catalana a la española, un tránsito también clave para salvar uno de los escollos más altos: el papel de los Mossos. La policía autonómica se debe en última instancia a lo que ordene el Ejecutivo central Constitución mediante, por lo que la Generalitat vuelve a encomendarse aquí a la ley todavía secreta (y a que los agentes la acaten). En todo caso, se han solicitado informes sobre la creación de nuevas unidades y una mayor colaboración con la Interpol y la Europol a uso y semejanza de las policías estatales.

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También se lleva andado camino en la Hacienda catalana con el fin de recaudar y gestionar todos los tributos. Vidal decía en sus conferencias que se habían obtenido datos fiscales de forma ilegal; Junqueras lo niega rotundamente y, en medio, el secretario de esa área, Lluís Salvadó, afirmó en un acto de la ANC que se estaban cruzando "130 fuentes de información" para obtener esa base de datos. Los presupuestos prevén 93 millones para la Agencia Tributaria Catalana, que multiplicará el personal y el número de oficinas a la vez que se impulsará un banco público, el catastro y otros organismos reguladores que, según el Govern, son bien vistos por varias empresas dispuestas a cotizar desde el primer momento en la hacienda catalana. 

A esto se suma el desarrollo del código tributario y la creación de la Agència Catalana de Protecció Social, ambos tramitándose ya en el Parlament, así como otras normas sobre ciberseguridadinfraestructuras, planes de transición energética y todo ello envuelto con un discurso a nivel internacional coordinado desde la 'conselleria' de Raül Romeva. Con las 'embajadas' reforzadas y coordinadas, Afers Exteriors mantiene contactos periódicos y discretos con todo tipo de diplomacias. Vidal llegó a decir que tenían el apoyo de 11 de los 28 estados de la UE. Después dijo que fantaseaba, pero intentos para que sea cierto, haberlos haylos.