¿Qué hay de cierto en lo que cuenta Santi Vidal?

«La experiencia ha demostrado que cuando te encuentras en un bloqueo, la política desplaza al derecho». La frase es de Carles Viver Pi-Sunyer y la pronunció en el Parlament en diciembre del 2016. Este exvicepresidente del Tribunal Constitucional y reputado jurista es una pieza clave en el diseño de la llamada «desconexión». 

Por sus manos han pasado los diferentes informes que los departamentos de la Generalitat han elaborado para prepararse para el día después si ganase el sí a la independencia en un referéndum o si los partidos secesionistas lograsen preservar la mayoría parlamentaria tras unas nuevas elecciones. Es también el guardián de la ley de transitoriedad jurídica, redactada entre Junts pel Sí y la CUP, una norma fundamental para fijar los pasos que se quieren seguir en caso de confirmarse la independencia. Su contenido se mantendrá en secreto hasta que se convoque formalmente el referéndum (puede ser antes del verano o en septiembre).

EMPRESAS 'PATRIOTAS'

Inicialmente cada departamento elaboró sus propios estudios y ahora ya han empezado a intercambiarse la información entre las 'conselleries'. Todo con la máxima discreción y con el objetivo prioritario de evitar filtraciones que pudiesen dar al traste con los planes del Govern.

Así, el Ejecutivo catalán ha estado trabajando los datos para disponer de una Seguridad Social propia. Una información que ya está practicamente elaborada, según fuentes de Junts pel Sí. En cambio, niegan tajantemente (también en privado) que se haya accedido de manera ilegal a los datos fiscales de todos los contribuyentes catalanes. La investigación que ha abierto la Fiscalía deberá aclarar quién tiene razón, si el ya exsenador Santi VidalSanti Vidal o bien el GovernGovern. Sirva de pista que fuentes del Ejecutivo central afirman también con contundencia que es imposible que la Generalitat haya podido acceder a esos datos. Y, como era previsible, reconocen que ahora redoblarán los esfuerzos para evitar que los puedan conseguir, informa Pilar Santos.                                                                                                                                                                                                                             

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También con el máximo sigilo, el Govern asegura que ya tiene claro con qué empresas puede contar desde el primer día para que coticen en la Hacienda catalana. Lo que no cuenta (o no sabe) es qué hará para evitar una fuga empresarial. Además, ha reconocido ante los inversores extranjeros que dependerá de la financiación del Gobierno español a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta el 2026.

GARANTIZAR LAS PENSIONES

Los estudios de economistas independentistas como los agrupados en el 'Col·lectiu Wilson' y que están en línea con las premisas del Govern pronostican que si se consumase un divorcio respecto al resto de España y, manteniendo los actuales tipos de cotización a la Seguridad Social, la pensión media sería mejor que la de ahora. Existen algunos cálculos que señalan que podría incrementarse en un 10%. Esto sería posible porque el salario medio en Catalunya es superior al de la media española. En todo caso, quedaría lejos de las cifras que ha ido dando Vidal en sus conferencias puesto que el exjuez llegó a asegurar que una pensión de 641 euros pasaría a ser de 1.000 euros.

¿UNA PARTIDA ESCONDIDA?

Cuando Oriol Junqueras presentó los presupuestos admitió que hay 5,8 millones para la celebración del referéndum5,8 millones. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que el coste de la consulta del 9-N fue de casi el doble. Así que es probable que Vidal tenga razón cuando dice que hay camufladas más partidas. Otra cosa es que asciendan a 400 millones, como él ha asegurado.