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UNA CONCESIÓN POLÉMICA

La oposición carga contra el Govern por la privatización de ATLL

CDC atribuye la concesión a las deudas generadas por el tripartito

"El agua es un bien común y necesario y tendría que ser de gestión pública", asegura Xavier Domènech

ROGER PASCUAL / BARCELONA

Tubería y túnel de interconexión de agua de Fontsanta Trinitat.

Tubería y túnel de interconexión de agua de Fontsanta Trinitat. / FERRAN NADEU

La oposición carga contra el Govern por la privatización de la Aigües Ter Llobregat. Después de que EL PERIÓDICO destapara que la privatización impide bajar el precio del agua, tanto Neus Munté, portavoz del Govern, como su predecesor Francesc Homs han defendido que la Generalitat se vio obligada a privatizar la gestión de ATLL por las deudas generadas por el ejecutivo de izquierdas. Una tesis que no compra la oposición. Tras la petición de la CUP de revertir la privatización y de que el PSC presentara una proposición de ley en el Parlament para que la gestión vuelva a ser 100% pública, la oposición ha cargado contra lo que considera un desaguisado.

Neus Munté

PORTAVOZ DEL GOVERN

"Sin esta operación no se habría podido sostener el servicio del agua como consecuencia de una nefasta gestión del Gobierno anterior"

"Tenemos que recordar que sin esta operación no se habría podido sostener el servicio del agua y la ACA como consecuencia de una nefasta gestión del Gobierno anterior", ha defendido Munté. En la misma línea se ha mostrado Homs. "Lo que ha condicionado más la tarifa del agua son las deudas del tripartito", ha sentenciado el exportavoz. "Decir que por unas supuestas cláusulas del contrato es faltar a la verdad, es una manera muy parcial de explicar las cosas. Lo que sí sé es que el tripartito era directamente responsable de la deuda acumulada de la ACA, y particularmente de ICV".

Descubrir este caso precisamente ahora que CDC intenta presentar su perfil más social para lograr el apoyo de CUP a la investidura es algo insostenible para Xavier Domènech. "Lo que no es sostenible es que se quiere lanzar un mensaje social con una privatización mal hecha que provoca que la factura haya aumentado más de un 25%. Es muy fuerte que suponga el 40% de la tarifa. Más en un momento en el que hay 320.000 familias en situación de pobreza energética y todo el control del suministro tiene que ser público. El agua es un bien común y necesario y tendría que ser de gestión pública", ha lamentado el candidato de En Comú Podem.

Eva Granados

PORTAVOZ DEL PSC EN EL PARLAMENT

"El problema es la chapuza de gestión que han hecho. Si quieren depurar responsabilidades que empiecen por Mas-Colell y el que le nombró, Artur Mas"

En la misma línea se muestra Eva Granados, portavoz del PSC, que recuerda que ERC y CiU ya votaron en la última legislatura contra su propuesta de revertir la concesión. "Es una chapuza en la gestión publica y por todo el lío que ha generado en los juzgados. En lugar de quejarse de la gestión del Govern de izquierdas, si quieren depurar reponsabilidades que empiecen por Mas-Colell y por quien le nombró, Artur Mas". 

EQUILIBRIOS EN ERC

"Ciudadanos ya advirtió en su momento de los perjuicios que suponía esta operación y de que no se había informado a los catalanes de los riesgos económicos que podía suponerles", ha denunciado Carina Mejías, que fue ponente de Ciudadanos durante el debate parlamentario sobre la privatización. Mejías ha recordado, además, que la operación se hizo "en unas condiciones que todavía están por esclarecer". "El problema no ha sido externalización, fue una mala gestión del tripartito y de Convergència lo que ha encarecido la factura del agua", ha incidido Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PPC.

Carina Mejías

PORTAVOZ CIUDADANOS AYTO. BARCELONA

"La operación suponía perjuicios y no se informó a los catalanes de los riesgos económicos que esta podía suponerles"

La posición de ERC, socio de CDC en Junts pel Sí, viene marcada por la contradicción entre teoría y práctica. Ideológicamente opuestos a la gestión privada de un bien público, así lo han hecho constar también en los contactos de Junts pel Sí con la CUP, se topan con los 326 millones precisos para revertir la concesión y, sobre todo, las telarañas que habitan en la caja fuerte de la Generalitat. En público mantienen silencio porque si se les pregunta desde el punto de vista teórico, se las pueden tener con CDC. Y si sacan a colación la existente losa, con la CUP. Los antisistema también guardan la ropa."La cuestión aún no se ha debatido" en la fase de concreción, ha dicho Albert Botran"Cuando entremos en esa fase también debatiremos sobre las consecuencias que puede tener alterar las condiciones de gestión", ha senteciado el diputado de la CUP.

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