Análisis de las 20 medidas sociales que ha ofrecido Junts pel Sí a la CUP

Aplicar la ley de pobreza energética, recuperar la renta mínima de inserción o la implantación de un SMI de 1.000 euros, entre las propuestas

Fidel Masreal

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Estas son las 20 medidas del plan de choque social que Junts pel Sí ha ofrecido a la CUP para desencallar las negociaciones sobre la investidura del próximo 'president' (con un breve análisis recordando medidas similares aprobadas anteriormente o con las dudas que suscita su posible aplicación):

1. Garantizar el 100% de la cobertura en la alimentación para los menores que los servicios sociales identifican que padecen pobreza infantil.

  • Una propuesta similar ya constaba en el pacto de estabilidad parlamentaria firmado por CiU y ERC en el 2012: "Promover el pacto para la infancia en Catalunya, con especial atención a las medidas de lucha contra la probreza infantil".

2. Aplicar la ley contra la pobreza energética, garantizando el acceso al suministro de agua, gas y electricidad, impidiendo los cortes a las familias vulnerables y financiando un fondo contra esta lacra, que contará con recursos públicos, aunque las empresas suministradoras también se tendrían que hacer corresponsables, según la ley suspendida por el Tribunal Constitucional.

  • Esta medida provoca la siguiente pregunta: ¿Se aplicaría la ley a pesar de la suspensión? ¿Y por qué no se ha hecho ya? Respecto al decreto actual del Govern, el presidente de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, ha lamentado que en el proyecto del decreto no se concrete qué se exige a las empresas y no se cuente con las entidades sociales en la comisión de gestión del fondo, como se les aseguró que se sucedería.

3. Aplicar la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda en lo que respecta al realojamiento de las personas y familias desahuciadas.

  • El pasado 1 de septiembre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advirtió, sobre la aplicación de la ley, que las medidas de choque como parar los desahucios y los cortes de suministro "se deben aplicar desde el primer día". Por este motivo, la PAH anunció que si se incumplía la ley lo denunciarían "de forma contundente", y exigió al Govern, los juzgados y los ayuntamientos de Catalunya que garanticen "la suspensión inmediata y preventiva de todos los desahucios y cortes previstos, como medida urgente hasta que no se normalice la aplicación de la ley".

Las siguientes siete medidas requieren aprobar nuevos presupuestos:

4. Recuperar la consideración de la renta mínima de inserción como derecho subejtivo --no condicionado al presupuesto-- y recortar restricciones. Esta medida es parelela  a la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular por una renta garantizada de ciudadanía.

  • En el pacto CiU-ERC del 2012 ya se acordó impulsar una ley de refomra de la renta mínmia de inserción para superar el decreto 384/2011 y evitar la exclusión social.

5. Reducir un 50% las listas de espera para la primera visita al especialista y para pruebas diagnósticas complementarias y un 10% en intervenciones quirúrgicas de patologías no graves. Las patologías graves ya no deben de estar pendientes de listas de espera.

  • ¿En qué plazo?

6. Garantizar la prestación de dependencia a todas las personas que tienen reconocido el derecho, aunque el Estado no paga la parte que le corresponde.

  • ¿En qué plazo? ¿Está cuantificada presupuestariamente? Hoy en día, hay 15.332 personas con derecho a recibir prestación que no la reciben. Según el informe del Observatori de la Dependència, Catalunya es de las comunidades que suspenden en aplicación de esta ley.

7. Contratar más profesores en los centros de los barrios con más dificultades económicas, reduciendo la ratio de alumnos e invirtiendo prioritariamente en centros de alta complejidad y en zonas desfavorecidas.

  • ¿Cuántos?

8. Tender a cubrir toda la demanda de plazas de las guarderías con precios públicos.

  • ¿Se recuperará la financiación de 1.800 euros del Govern a los municipios para el mantenimieto de cada plaza, como pide la CUP?

9. Tender a equiparar los porcentajes de parque público de vivienda a la media europea.

  • En la actualidad, el porcentaje en Catalunya es del 1%, frente al 18% de la UE. ¿En qué plazo está previsto llegar a la equiparación?

10. Recuperar la ley de barrios, con concursos para impulsar proyectos propuestos por los ayuntamientos.

  • ¿Con qué presupuesto?

Las 10 medidas siguientes son de carácter sobre todo político, en ocasiones vinculadas a la consecución de la soberanía, que se necesita para aplicarlas:

11. Aprobar e instaurar la dación en pago.

  • ¿Esta medida tendrá carácter retroactivo? En el citado pacto CiU-ERC, se consignó impulsar, en el marco de la legislación catalana, la mejora de la regulación de productos financiero y de la dación en pago.

12. Fomentar la economía social y cooperativa, gestionando el 20% del fondo de ocupación a través de Aracoop para que implemente un plan de choque para promover la creación de cooperativas entre jóvenes, parados y mayores de 50 años, también con incentivos fiscales, asesoramiento y ayudas para la financiación.

  • ¿Con qué presupuesto? En el 2012, convergentes y republicanos también acordaron "elaborar e implantar un plan de apoyo a la creación de la cooperativas de trabajo y recuperar el plan Aracoop".

13. Acelerar la creación de un banco público a partir del Institut Català de Finances para incentivar el tejido productivo.

  • De nuevo aquí sale a colación el pacto CiU-ERC. En aquel momento, ambas fuerzas plantearon impulsar la transformación del Institut Català de Finances en el banco público de Catalunya.

14. Fijar un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales, equivalente al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

  • Esta es una competencia estatal. Haría falta que Catalunya fuera independiente para decidirlo aquí.

15. Reformas fiscales como reinstaurar el impuesto a la banca y los tributos verdes frenados por el TC, favorecer las empresas más respetuosas con el medio ambiente o reducir el IRPF a las rentas bajas.

  • Están suspendidas por el Constitucional a instancias de Gobierno. O bien se desobedece al alto tribunal o hay que esperar al Estado propio. Algunas de estas medidas también constaban en el acuerdo de estabilidad parlamentaria de CiU y ERC.

16. Crear una policía fiscal que persiga el gran fraude, en el marco de la hacienda propia.

  • ¿Con cuántos funcionarios? ¿con qué marco normativo? ¿con qué sanciones? El pacto CiU-ERC instaba a elaborar un plan de lucha contra el fraude fiscal en el 2013, vinculado a los recursos destinados al despliegue de la Agència Tributària Catalana, en los impuestos recaudados y gestionados por la Generalitat.

17. Detener el traspaso del canon del agua hacia empresas mixtas y privadas.

  • ¿Qué pasa con Aigues Ter Llobregat (ATLL)? El candidato de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, ha avisado de que costará 300 millones de euros revertir la privatización. Además, el 30 de abril de este año, el Parlament ya aprobó por unanimidad presentar, en el plazo de dos meses, una evaluación del canon social del agua y, a partir de esta, impulsar en el próximo ejercicio presupuestario los cambios legislativos para garantizar un suministro básico de agua de 60 litros por persona y día gratuito en todas las viviendas de consumidores vulnerables.

18. Primar el autoconsumo de las renovables --en línea opuesta al Gobierno español y su tributación--, hacer una auditoría pública de los costes de transición a la competencia --analizando las compensaciones a las empresas anteriormente monopolísticas cuando se liberalizaron los sectores energéticos--, e impulsar un pacto para alcanzar el 100% de producción de energías renovables en el 2050.

  • El pacto CiU-ERC proponía elaborar un pacto nacional sobre políticas de sostenibilidad y para el impulso y desarrollo de la economía verde como ámbito estratégico.

19. Garantizar que se retiren los conciertos educativos --cuando caduquen-- a los centros de educación no mixtos y no otorgar nuevos en estos casos.

  • ¿Y qué hay de los mixtos pero privados? CiU y el PPC, el 30 de octubre del 2014, rechazaron una propuesta del PSC para modificar la ley de educación de Catalunya (LEC) para limitar los conciertos educativos solo a los centros que escolaricen conjuntamente a niños y niñas. Es decir, rehacer la nomra --aprobada por el PSC, CiU y ERC con Ernest Maragall como 'conseller' de Educació-- y retirar, en un plazo de 6 meses, la subvención a las escuelas que segreguen por sexos

20. Revisar la posición de la Generalitat como acusación en los procesos judiciales abiertos con trasfondo político, siempre que el motivo de la causa no sea la agresión a un mosso.

  • ¿Esto quiere decir que, como reclamó el Parlament, se personarán en el 'caso Nóos'? ¿Y en el 'caso Pujol'? Pese a que la Cámara aprobó que el Govern se personase en la causa contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, no lo ha ejecutado todavía.
  • El Parlament también instó a personarse al Govern en el 'caso Pujol'. Fue el 17 de septiembre del 2014: todos los partidos de la oposición aprobaron una resolución que “reprueba y condena" los "actos delictivos" confesos del expresidente Jordi Pujol e insta al Govern catalán a personarse en el caso que investiga al expresidente Jordi Pujol por supuesto fraude fiscal, tras haber confesado que ocultó dinero durante más de 30 años.
  • La propuesta de resolución, presentada por el grupo de ICV-EUiA durante el Debate de Política General, fue por 83 votos a favor, --los de ERC, PSC, PPC, Ciutadans y la CUP, además del de los ecosocialistas--, frente a 49 votos en contra, los de CiU. De acuerdo con el texto de la propuesta de resolución, el Parlament insta al Ejecutivo catalán a personarse en las causas donde la Generalitat "resulte perjudicada, que incluya también el caso Pujol".