El Govern denuncia la «injerencia inaceptable» del PP en la fiscalía

en el Govern no falta quien reconoce que nada sería tan beneficioso para Artur Mas que recibir la querella de la Fiscalía General del Estado como organizador del 9-N. Sería un trampolín adicional para la entronización política y mediática del president como vencedor absoluto del proceso participativo. Otra cosa es lo que toque afirmar en público. «Injerencia inaceptable» fue la expresión del portavoz del Govern y conseller de Presidència, Francesc Homs, para definir la intención del Gobierno del PP de que la fiscalía inicie el proceso contra el líder de CiU.

«La sensación que tenemos es que ha habido y sigue habiendo injerencias, de responsables del PP y del Gobierno español, que es evidente que son presiones sobre cómo ha de actuar la fiscalía. Es inaceptable», proclamó Homs, quien aseguró que el Govern no ha contactado con los fiscales catalanes durante los últimos días. Unos fiscales que rechazaron por unanimidad ejecutar la orden de querellarse contra Mas.

Pero en la misma línea del interés político, en la Generalitat se frotan las manos de alegría al ver cómo el 9-N fue para ellos una doble carambola: poder celebrar el proceso participativo y, además, desatar una crisis con pocos precedentes en el seno del PP y entre el Gobierno y la fiscalía, por el malestar que ha provocado que finalmente sí hubiera urnas en los centros educativos.

Con respecto al fondo de la cuestión, el Govern de CiU sigue manteniendo que no cometió ilegalidad alguna el 9-N. Homs recordó ayer que la Generalitat se dirigió dos días antes al Tribunal Constitucional (TC) solicitando una aclaración sobre el alcance de su segunda resolución, que también suspendía el plan alternativo a la consulta. No hubo respuesta del alto tribunal.

DOBLE JUEGO

Lo cierto es que el Ejecutivo catalán sigue moviéndose en el doble juego. Oficialmente, evita en todo momento responsabilizarse de actos contrarios a la ley. En cambio, nada ha complacido más a CDC que demostrar ante el soberanismo catalán en su conjunto que estaba dispuesta a mantener las urnas en su sitio el domingo y a responsabilizarse de no acatar la instrucción precisa del Constitucional.

Una instrucción que, sin embargo, no incluía ningún requerimiento personalizado a Mas, que habría sido el banderín de enganche para que la fiscalía actuara de inmediato con una querella.

BÚSQUEDA DE APOYOS

El president recibió ayer en el Palau de la Generalitat a las líderes de Òmnium Cultural, Muriel Casals, y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell. El encuentro se enmarca en la ronda de contactos de Mas con partidos y con representantes de la sociedad catalana, para fijar su posición sobre los próximos pasos en la hoja de ruta soberanista.

La reunión de Mas con Forcadell y Casals, impulsoras de la campaña Ara és l'hora, tiene un especial significado. Forcadell reclamó el pasado 19 de octubre a Mas, al final de una manifestación en la plaza de Catalunya de Barcelona, que convocase elecciones anticipadas en tres meses como condición de la ANC para apoyar la alternativa a la consulta. Ayer, Mas les dijo que «actuará como presidente de Catalunya» en esta cuestión, según fuentes consultadas.

La ANC está debatiendo en sus asambleas territoriales y sectoriales cómo actuar a partir de ahora. Una posibilidad es exigir elecciones con una lista única de los partidos independentistas, y también la opción de aceptar listas de distintas fuerzas con un punto conjunto en favor de la secesión. En la ronda de contactos con partidos y entidades, Mas no ha revelado sus planes, que explicará el martes en Barcelona.