El juez deja en libertad a los diez primeros empresarios imputados por las facturas falsas de UGT-A
Dos nuevas detenciones elevan a 16 los arrestos en la operación policial por el presunto fraude
El juzgado de Sevilla que instruye la presunta trama de desvío de fondos públicos en UGT Andalucía mediante facturas falsas o infladas ha dejado en libertad con cargos a 10 de los 14 detenidos durante la operación policial del martes.
Así, han quedado en libertad con cargos dos hermanas representantes de la empresa Publicar de Madrid; dos representantes de la empresa de aplicaciones informáticas Siosa de Madrid; Miguel Ángel González Guzmán, administrador de la empresa KND Caronte, radicada en Jaén; el gerente y un comercial de la empresa Chavsa; el administrador de Viajes Macarena; el propietario de Lienzo Gráfico Impresores, y el dueño de una pequeña imprenta, estas cuatro últimas empresas radicadas en Sevilla. Todos ellos han quedado imputados por los delitos de falsedad, contra la hacienda pública y fraude en subvenciones.
Se trata de empresarios y empleados de sociedades que supuestamente colaboraron con la central para inflar facturas que el sindicato luego cobraba a la Junta de Andalucía, destinando el dinero a otros fines. La operación sigue abierta y este miércoles se han producido dos nuevas detenciones en una empresa de Alicante dedicada a la fabricación de bolsos y maletines, con lo que ya son 16 los arrestados.
Indicaciones del sindicato
Fuentes judiciales han explicado que no se les han pedido medidas cautelares y que todos han defendido su inocencia, asegurando que pensaban que actuaban siempre dentro de la legalidad y por indicaciones de la organización de trabajadores.
En el caso de las dos hermanas empresarias de Madrid, éstas han reconocido ante el instructor haber "cambiado" los conceptos de algunas facturas siguiendo las "indicaciones" dadas por el sindicato, aunque han negado haber "inflado" o "falseado" facturas.
De los diez imputados que han pasado a disposición del juez a lo largo de la jornada de este miércoles, cinco lo han hecho por la mañana y otros cinco por la tarde, destacando que estos últimos han llegado a los juzgados en un autobús de la Guardia Civil.
"La vía más importante de financiación"
La operación policial contra UGT Andalucía se inició a primera hora del martes en las sedes de varias sociedades que colaboraron con el sindicato. El atestado elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) desvela que el sindicato andaluz habría usado diferentes métodos para desviar el dinero de las subvenciones públicas a otros fines, como el gasto interno de la central: pago de actos, comidas e incluso pancartas para la huelga general de 2010.
De ahí que, según las pesquisas, esta "práctica ilícita sería la vía más importante de financiación" de UGT Andalucía. Entre los detenidos se encuentra el responsable de finanzas y contabilidad del sindicato durante una década, Federico Fresneda, que abandonó su cargo el pasado año y que tras ser detenido en Canarias llegará a Sevilla en las próximas horas para comparecer el jueves ante el juzgado.
La reacción de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía, ha anunciado hoy miércoles que iniciará los trámites para personarse en la causa ante los posibles perjuicios para la Administración. De forma paralela, la administración continúa con el análisis de los 21 expedientes de reintegro abiertos para examinar el destino de las subvenciones concedidas al sindicato y "recuperar los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato", indica el Ejecutivo andaluz.
Según explicó José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, a comienzos de mes en el Parlamento, los 21 expedientes en proceso de revisión tienen un montante total de 15,2 millones de euros, y dos de ellos ya tienen una resolución en firme para la devolución de 1,8 millones de euros.
El PP, por su parte, ha exigido hoy a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que se plantee asumir responsabilidades políticas por las presuntas facturas falsas de UGT, al entender que el caso "afecta de lleno" al PSOE y a la jefa del Ejecutivo regional. Asimismo, ha pedido una auditoría de todas las ayudas otorgadas al sindicato.
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