El TSJC avala el 25% de castellano en las aulas

Las cinco escuelas barcelonesas a las que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenó impartir al menos el 25% de sus clases en castellano -porque los padres de unos alumnos habían pedido que sus hijos fueran escolarizados en esta lengua- tendrán que acatar la instrucción, después de que el mismo tribunal haya rechazado los recursos presentados en contra por los cinco centros, la Generalitat y las asociaciones de padres. Fuentes judiciales señalaron ayer que la medida es de aplicación inmediata, si bien la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, aseguró que los colegios cuentan aún con el plazo de un mes para implementarla.

A falta de tan solo 35 días para que termine el curso 2013-2014, Rigau anunció que la resolución será recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) para que haga «respetar la voluntad de seguir estudiando en catalán de la mayoría de los estudiantes de las clases afectada». «No es lógico que un modelo que durante más de 20 años fue plenamente constitucional, ahora no lo sea. Aquí ha habido una mutación», constató la titular de Ensenyament. Los centros (un instituto público del Vallès Oriental y cuatro colegios concertados dirigidos por órdenes religiosas) declinaron pronunciarse hasta haber estudiado el contenido del auto y a la espera de una reunión convocada para el miércoles en la conselleria.

El TSJC no ha admitido tampoco el recurso presentado por los padres de los alumnos que presentaron la demanda y ha rechazado su pretensión de que se usaran el castellano y el catalán en una proporción del 50%. Los magistrados reiteran que el catalán constituye «el centro de gravedad del sistema de enseñanza en Catalunya», de manera que es razonable que su presencia en la educación sea mayoritaria. Eso sí, agregan, «si la Administración no fija en qué porcentaje debe utilizarse para la docencia, corresponde a los tribunales hacerlo efectivo». No puede ser «una obligación vacía», dice uno de los autos.

«Intentaremos demostrar la inviabilidad de esta medida, porque el uso de la lengua debe ser una cuestión estrictamente pedagógica», insistió Rigau, que lamenta que los jueces obliguen a utilizar el castellano en las aulas de «una forma lineal y homogénea, sin atender a las necesidades y características de todo el grupo».

El tribunal, que en algunos momentos se expresa de forma muy dura contra la política escolar lingüística de Rigau («aplicar la atención individualizada es ilegal», llega a decir), se atreve a proponer soluciones: «Basta con que uno de los profesores del centro imparta una asignatura principal» en castellano.