Muñoz y Roca, condenados a 6 años de prisión por saquear dinero de Marbella

La Audiencia Nacional ha impuesto este miércoles una pena de seis años de cárcel al exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y al exasesor urbanístico Juan Antonio Roca por un delito continuado de malversación de caudales públicos en el denominado 'caso Saqueo II'. El fallo considera a ambos responsables de haber participado en la creación de un sistema para vaciar los fondos y el patrimonio del consistorio marbellí en la década de los años 90 del siglo pasado, aunque les absuelve de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social.

Junto a Muñoz y Roca, la Audiencia condena también a los exediles del GIL Dolores Zurdo (4,5 años), Marisa Alcalá (5 años), Pedro Román (6 años), Antonio Romero (2 años), Rafael González Carrasco (5 años) y Juan Manuel Blanco (2 años). El tribunal les aplica la atenuante de dilación indebida, cercana a los tres lustros, y les condena a pagar además indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil en cantidades que, en el caso de Muñoz, superan los 40 millones de euros.

Agrupación criminal

En una sentencia de 208 folios, la sección tercera de la Audiencia ha dictado la absolución de 15 de los acusados, entre ellos la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exfutbolista y exconcejal Tomás Reñones. Según el fallo, Muñoz, Román y Roca, además del exabogado municipal Modesto Parodia, actuaron "en un ámbito de consorcio para favorecer el desvío de fondos públicos", mientras que el resto de concejales condenados cuya participación se ha podido probar prestaron una "colaboración episódica". En este punto, la Audiencia hace propias las tesis del fiscal acerca de que el GIL, más que un proyecto político, lo era "criminal" y que se constituyó con una serie de personas atraídas no por vocación política sino por su ánimo de lucro.

El 'caso Saqueo II' supone un paso más en el vaciado de las arcas municipales realizado por Jesús Gil y su formación política. Si en el proceso del denominado 'caso Saqueo I', el primer gran juicio contra la corrupción en Marbella, se desviaron 24,3 millones de euros a empresas privadas mediante facturas falsas, en esta segunda fase el mecanismo era un poco más sofisticado. A instancias de J. L. Sierra, considerado 'ideólogo' de Gil y que no ha podido ser juzgado en esta ocasión por padecer alzhéimer, se creó un complejo entramado de sociedades municipales, presididas por los concejales, a las que el Ayuntamiento transfería los fondos públicos para ya desde ahí ser usados sin ningún tipo de control ni justificación.

Transferencias maquilladas

La sentencia considera probado que esas transferencias se maquillaron para que pasaran como pagos para tapar deudas ficticias de las sociedades, contratos por servicios inexistentes o traspasos de bienes inmuebles.

En otras ocasiones, tanto Muñoz como Román y el resto de los concejales condenados aprobaron directamente disposiciones de gasto de fondos públicos sin haber justificado su destino y "sin que haya constancia del empleo dado" a ese dinero. También los concejales recibieron dinero. El fallo destaca como por ejemplo Muñoz recibió directamente hasta 38.350,58 euros (unos seis millones de pesetas) mediante decreto de Alcaldía en concepto de "gastos de Navidad" o "gastos festejos".

Pagos al Atlético de Madrid

En otro apartado, la Audiencia considera también probado como a través de la sociedad municipal Eventos 2000 SL se pagaron cheques a Enrique Cerezo, actual presidente del Atlético de Madrid pese a que el empresario no tenia vinculación con dicha sociedad, y que no obstante se contabilizaron como transferencias a otra sociedad mercantil del consistorio. Asimismo, Eventos 2000 SL también destinó 17.786 euros a la adquisición de mobiliario para el despacho de un hijo de Jesús Gil, ajeno al Ayuntamiento.

Entre los condenados se encuentra también el arquitecto Carlos Monteverde, acusado por facturar al Ayuntamiento 42 millones de euros por proyectos que nunca se realizaron o que eran copias de otros ya realizados por el consistorio o incluso en otras ciudades. La sala ha tenido en cuenta la atenuante de la confesión.

El caso surge tras un informe del Tribunal de Cuentas que analizó las cuentas del Consistorio marbellí entre 1994 y 1999, y que observó que se produjeron alcances contables, por los que ya condenó a Muñoz y los dos altos cargos de la empresa municipal Contratas 2000 SL a devolver a las arcas municipales 50,8 millones de euros como "responsables directos" de un agujero de 34,9 millones en la sociedad (más sus correspondientes intereses) mediante los contratos con el despacho Monteverde en esas fechas.