Lluís Companys, de Núremberg a Buenos Aires

Nada debilita más nuestra sociedad como la desmemoria, la manipulación de la historia y la falta de conciencia de la barbarie totalitaria. Por ello, todas las democracias maduras que sufrieron pasados totalitarios, todas, tarde o temprano han metabolizado su pasado haciendo justicia a las víctimas. Con todo, el caso español se ha convertido, sin embargo, en una excepción, hasta el extremo de que es conocido internacionalmente como «modelo español de impunidad» en referencia al no reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura franquista como tales. El origen de esta excepcionalidad radica en la preconstitucional ley de amnistía de 1977, que colocó a víctimas y verdugos en el mismo plano. Esta excepcionalidad se consolidó posteriormente a pesar de que la Constitución española recogía desde 1978 que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades debían interpretarse en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No es casual, pues, que las Naciones Unidas hayan solicitado la derogación de la ley de amnistía. Efectivamente, a través de esta ley de punto final, el Estado español franquista pretendía alejarse de sus responsabilidades como parte activa del intento de aplastar la democracia en Europa, tal como quedó consagrado en la resolución 95 de las Naciones Unidas de 1946 que consideraba fascista el régimen del general Franco en origen, naturaleza, estructura y conducta general, establecido gracias a la ayuda nazi y fascista y como régimen alineado con las potencias del Eje y que, de otro modo, permaneció en vigor después de la entrada de España en la ONU. Hasta el día de hoy, sin embargo, la democracia española lo ha ignorado deliberadamente. Reconocerlo hubiera comportado hacer frente de conformidad con el derecho penal internacional aplicable a los crímenes graves contra los derechos humanos a la cuestión de los demócratas víctimas de persecución y exterminio sistemático por parte de la dictadura franquista.

Las Naciones Unidas pusieron las bases de la persecución de los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por los responsables de los países del Eje al integrar la jurisprudencia de Núremberg, y les otorgó la categoría de imprescriptibilidad y no impunidad, por lo que este 15 de octubre, 73 años después de la muerte del presidente Lluís Companys, hemos trasladado el clamor de justicia hasta Buenos Aires.

La justicia internacional encarará el cumplimiento de los valores de la justicia que la ley de la memoria española del 2007 negó a nuestra sociedad al declarar legales los tribunales militares y, en consecuencia, al impedir incluso vehicular la reclamación de los derechos de las víctimas por la vía judicial. Dicho en palabras que nos ofenden: para el Estado español, la sentencia y el fusilamiento del ciudadano fusilado de mayor rango institucional elegido democráticamente, símbolo de la democracia aplastada por el fascismo y de la opresión nacional de Catalunya, fue legal y, en consecuencia, ni siquiera puede ser anulada.

Negados por el Estado español y huérfanos aún de una estructura estatal que nos hubiera permitido reparar y hacer justicia a las víctimas del fascismo, los republicanos catalanes agradecemos al Parlamento argentino el apoyo unánime a la causa contra la dictadura franquista abierta en Buenos Aires por la jueza María Servini, convencidos de que ejercerá jurisdicción conforme al derecho penal internacional.