11 jul 2020

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El Gobierno declina opinar si el presidente del Tribunal Constitucional debe cerrar su asesoría

La vicepresidenta asegura que corresponde a otros dictaminar lo que puede o no puede hacer

PATRICIA MARTÍN / Madrid / Barcelona

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declinó este mediodía opinar sobre las circunstancias que rodean al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, tras conocerse que era administrador único de una empresa.

EL PERIÓDICO publica este viernes que Pérez de los Cobos era el administrador único de Labour Prospectives, empresa en la que realiza la asesoría en materia laboral. De hecho, Pérez de los Cobos sigue siendo el gestor de una sociedad que, según figura en el registro mercantil, en septiembre del 2012 presentó las cuentas del ejercicio 2011.

La vicepresidenta eludió pronunciarse al respecto y aseguró que corresponde a otros dictaminar lo que puede hacer o no el presidente del Constitucional.  

Militante del PP

Pérez de los Cobos no solo ocultó, en su comparecencia en el Senado previa a su designación como magistrado del alto tribunal, que era militante del PP, sino también la propiedad de la gestoría.

Preguntado por la noticia sobre la gestoría, el 'conseller' de Presidència, Francesc Homs, afirmó que "en otras latitudes y en países de fuerte tradición democrática, este señor  señor [Francisco Pérez de los Cobos] ya no estaría. El también portavoz del Govern ha afirmado que se da "una imagen a las instituciones que... Me ahorro el adjetivo".


Por su parte, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón afirmó en el presidente del Constitucional está "incurriendo en una grave infracción" por compaginar su cargo con la militancia en el Partido Popular, y por lo tanto estima que "debería irse".

Antes de intervenir en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Garzón aseguró que Pérez de los Cobos "no solamente ha militado ideológicamente, sino pagando una cuota", y por ello "está quebrantando una de las prohibiciones más evidentes de una función como la de magistrado del Tribunal Constitucional".