Nueva polémica en el alto tribunal
El Constitucional defiende que su presidente fuese militante del PP
«Esto es igual que si en un partido de fútbol, el árbitro fuera el padre de uno de los jugadores». Así resumía ayer a este diario un destacado dirigente de CiU la difícil situación en la que ha quedado el Tribunal Constitucional (TC) después de que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, admitiera ayer ante el pleno que mantuvo su militancia en el PP cuando ya era magistrado del alto tribunal. Pérez de los Cobos reconoció haber militado en el partido de Mariano Rajoy, después de queEl Paísdesvelase que su nombre aparecía junto a los 37,14 euros que anualmente pagaba como afiliado en la contabilidad que el PP ha entregado al juez Pablo Ruz.
Conocida la noticia, se abrió un encendido debate político y jurídico sobre la compatibilidad de la militancia política con la pertenencia al organismo garante de la Constitución. Una discusión que quiso cerrar el propio Constitucional, que tras una convocatoria de urgencia de su pleno difundió una nota defendiendo a su presidente.
SU ARGUMENTO / Pérez de los Cobos, que en ningún momento se planteó dimitir, defendió ante el resto de magistrados la legalidad de su afiliación apelando a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que limita la incompatibilidad de la condición de magistrado con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos o sindicatos.
Pero la propia Constitución fija que los jueces y magistrados mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
Algunos miembros de la judicatura, como la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles,manifestaron su indignación y advirtieron de que noticias como estas dañan la imagen del tribunal y ofrece a los ciudadanos una visión «politizada» de la justicia.
Sin perder tiempo, ayer mismo el grupo socialista registró la petición de comparecencia urgente de Pérez de los Cobos para que explique por qué ocultó su militancia en el PP cuando fue examinado en el Senado para constatar su idoneidad como miembro del Constitucional.
Lo cierto es que en los cuatro folios del acta de esa sesión del Senado se comprueba que nadie preguntó al entonces candidato a presidente del Constitucional si militaba en algún partido. Pero ayer la portavoz socialista Soraya Rodríguez sí le reprochó que no hubiese explicado antes que era militante si creía que esa situación era normal, legal y ética.
RIESGOS / El diputado de Izquierda Unida y portavoz de la comisión de justicia, Gaspar Llamazares, tildó la situación de «muy grave» e «inadmisible». Izquierda Plural registró también una petición pero para que comparezca la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una sesión extraordinaria de la comisión constitucional. Y ERC está dispuesta a presentar una recusación del presidente del Constitucional en el proceso que los republicanos tienen abierto en el alto tribunal por haber sido vetados en la comisión de secretos oficiales del Congreso. Precisamente, la posibilidad de que ahora empiecen a presentarse recusaciones es uno de los riesgos que deberá afrontar el presidente del TC.
En las filas populares, el encargado de defender al presidente del Constitucional fue el vicesecretario Esteban González Pons, quien afirmó que «en este país, al ritmo que vamos, parece que va acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al Partido Popular».
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