Carlos Fabra será juzgado también por cohecho
El Tribunal Supremo da la razón al juez instructor del caso y desestima la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de anular la acusación
Carlos Fabra, expresidente del PP regional y de la Diputación deCastellón y aún presidente de Aerocas, la empresa que gestiona el aeropuerto de la provincia, será juzgado también porcohecho, tal y como pedía el juez Jacobo Pin, titular del juzgado número 1 de Nules que instruye el denominado 'caso Fabra'.
Así lo ha decido la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS), que ha acordado por unanimidad que Pin dicte nuevo auto de apertura de juicio oral contra Fabra "con absoluta libertad de criterio" y ha dejado sin efecto la resolución de la Audiencia Provincial de Castellón que excluyó de la causa contra Fabra el delito de soborno.
El 20 de enero de 2012, tras más de ocho años de instrucción, el juez decidió abrir juicio oral contra Fabra por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública e interpuso al exmandatario una fianza de 4,2 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia de Castellón declaró la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, tras haber resuelto previamente otro tribunal de este órgano que los hechos imputados al expresidente provincial del PP no eran constitutivos de un delito de cohecho.
Recurso
Esta decisión fue recurrida ante el Supremo por la Abogacía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular ejercida por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. El juez instructor, por su parte, había pedidoamparo al Consejo General del Poder Judicial al considerar que el presidente de la Audiencia provincial perturbaba su independencia.
La sala de lo Penal ha revisado este jueves la decisión de la Audiencia Provincial de Castellon y devuelve así al juzgado de instrucción de Nules la causa contra Carlos Fabra. El 'caso Fabra', también conocido como el'caso Naranjax', se inició tras la denuncia de un empresario que acusó al expresidente popular de cobrarle grandes comisiones de dinero a cambio de mediar con los ministerios deSanidad yAgricultura en la obtención de licencias para elaborar productos fitosanitarios.
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