«Aragonés meridional»

En la Franja de Ponent se dejará de hablar catalán en los próximos meses. No hará falta para ello ninguna medida coercitiva; ni siquiera será necesario que los habitantes de la zona modifiquen sus hábitos lingüísticos. Bastará un cambio de nombre. El Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi y formado por PP y el Partido Aragonés (PAR), ha decidido despojar al catalán de reconocimiento legal, según se extrae del borrador de la nueva ley de lenguas presentado el lunes y que derogará la norma aprobada a finales de la pasada legislatura, cuando dirigía el Ejecutivo el socialista Marcelino Iglesias. El nuevo texto afectará a más de 50.000 aragoneses de las comarcas orientales que a partir de ahora, según la ley, hablarán«aragonés meridional» o «septentrional», a pesar de que la comunidad académica no tiene ninguna duda en señalar que dicha lengua es una variedad dialectal del catalán occidental.

El anteproyecto fue presentado por la consejera de Cultura, Dolores Serrat, que evitó en todo momento mencionar el catalán. La acompañaba el director general de Patrimonio, Javier Callizo, autor de un proyecto que en el 2001 sí incluía el catalán como una lengua hablada en Aragón. Serrat se limitó a asegurar que la nueva ley elimina cualquier«imposición»y evita además«intromisiones de fuera».

Además de cargarse de un plumazo las referencias al catalán -el texto habla de zonas de«utilización histórica»de la lengua aragonesa, que divide en «áreas pirenaica y subpirenaica»y otra«área oriental»-, el proyecto fija como«voluntario»el aprendizaje delaragonés meridionaly crea una Academia Aragonesa de la Lengua. Será el Gobierno de Aragón, tras consultar a los ayuntamientos, el que decida qué municipios están en el área de influencia.

Los aragoneses podrán dirigirse a las administraciones bien en castellano o bien en su lengua materna, aunque recibirán la respuesta en el idioma que decida la institución pública. Las entidades locales también podrán emplear la lengua propia, sin perjuicio del uso del castellano, mientras que la denominación de los topónimos podrá ser la usada tradicionalmente, además del castellano.

«Difícil de entender»

La decisión del Gobierno de Rudi causó consternación en la Generalitat, cuyoconseller de Cultura, Ferran Mascarell, aseguró que la exclusión del catalán de la nueva ley«es difícil de entender»y, en nombre del Govern, se puso«a disposición de la sociedad catalanoparlante de Aragón para la defensa y el uso de la lengua catalana».

El PP catalán, por el contrario, expresó su respeto por el cambio de nombre. El portavoz popular en el Parlament, Enric Millo, señaló que cualquier reacción que no sea avalar la nueva norma supondrá una«injerencia»en las competencias del Ejecutivo aragonés.