Declaración de la renta 2023: más progresiva, universal y diversa

Unos 23 millones de ciudadanos están llamados a presentar su declaración de renta a partir del miércoles, hasta el 1 de julio. Es un momento importante para un país moderno como el nuestro, donde una Hacienda Pública de carácter progresivo constituye la base del llamado Estado del bienestar. La idea según la cual pagan más los que más tienen se basa en la existencia de unos tramos por los cuales la aportación se lleva a cabo de acuerdo con porcentajes fijados según los ingresos. Ciertamente, esta progresividad no siempre es la anunciada, como consecuencia de la existencia de múltiples mecanismos que permiten a las rentas más altas reducir su contribución final al fisco. Sin embargo, el aumento de la progresividad ha sido un hecho en los últimos años. Basta recordar que cuando Pedro Sánchez ha llegado al poder, el porcentaje que pagan las rentas más altas ha aumentado en cinco puntos y ha descendido el que pagan las más bajas.

Una Hacienda progresiva se corresponde con la complejidad y el coste de los servicios en sociedades desarrolladas como la nuestra. Sin embargo, debería tener, como contrapartida, una mejora de la eficiencia de las administraciones públicas en la gestión de estos servicios, que no siempre se da. Solo así se conseguirá que el principio de progresividad fuera aceptado, no solo por los más ricos, sino por las clases medias y trabajadoras que son las que más aportan a la Hacienda Pública. Buena prueba de ello es el aumento de casi un 10% que han experimentado los ingresos del Estado por la recaudación del IRPF durante el último ejercicio como consecuencia, fundamentalmente, del aumento del empleo y de los salarios.

En la campaña que empieza pasado mañana, quedan eximidos de presentar la autoliquidación quienes presenten rendimientos del trabajo inferiores a 22.000 euros, o rendimientos de capital o ganancias patrimoniales inferiores a 1.600 euros. De acuerdo con la política de progresividad aludida, las rentas inferiores a 19.747,50 euros verán reducidos su porcentaje de cotización hasta permitir, según los cálculos del Gobierno, una rebaja de hasta 600 euros. Por el contrario, se eleva la presión fiscal sobre les rentas más altas que tributaran a un tipo del 27% entre 200.000 y 300.000 euros y al 28% por encima de esta cantidad. Otra de las novedades es la extensión de la obligación de declarar a todos los autónomos independientemente de los ingresos que generen (antes estaban eximidos de hacerlo por debajo de un límite de 1.000 euros). La medida puede resultar difícil de entender para quienes gestionan economías muy precarias, aunque se inscribe dentro de una necesaria filosofía de universalización de la declaración de la renta.

La capacidad de las comunidades autónomas para fijar la tarifas mínimas y máximas el IRPF se traduce en una gran diversidad de políticas fiscales del tramo autonómico. Catalunya es la comunidad en la que más gravadas están las rentas anuales entre 30.000 y 45.000 euros, mientras Madrid es la que mejor trata los ingresos anuales por encima de los 160.000 euros, lo que contribuye, junto a otros aspectos de la política fiscal, al trato desfavorable de los contribuyentes catalanes.