Pobreza, familias y políticas de igualdad

La población en riesgo de pobreza -aquella que tiene unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de la población- se redujo en España al 20,2% (18% en Catalunya) en 2023, siendo el valor más bajo de la última década. Esta buena evolución es fruto de la creación de empleo, así como de la subida del salario mínimo y de las prestaciones públicas, esencialmente las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, otros indicadores relacionados con la pobreza, como el de privación severa, han obtenido un peor desempeño este último año, debido a la elevada inflación en los productos de primera necesidad.

Los indicadores de pobreza tienen una vinculación muy directa con las políticas adoptadas en materia de igualdad de género. De hecho, los colectivos con mayor riesgo de pobreza son las familias monoparentales con hijos a cargo (la tasa sube al 33% en Cataluny), los menores de 18 años (27%) y las personas mayores que viven solas (25%). Para muchas familias, tener hijos representa augmentar el riesgo de caer en la pobreza. Para muchas mujeres, separarse las conduce a la pobreza. Para muchas mujeres mayores, quedarse viudas significa entrar en la pobreza.

Por todo ello, para resolver el problema de la pobreza hay que reforzar las políticas de igualdad y familia con medidas como las prestaciones universales por hijo, la gratuidad de las guarderías, los beneficios fiscales a madres trabajadoras o la compensación en las cotizaciones sociales a quien se hagan cargo de los cuidados.

Sin embargo, en España el gasto social dedicado a familias e hijos (servicios, ayudas o beneficios fiscales) es el más bajo de la UE en porcentaje del PIB, junto con Malta e Irlanda. Según Eurostat, España dedicó solo el 1% del PIB el 2021 a estas políticas, frente al 1,9% de la media de la UE o al 4,4% de Dinamarca (el país que más recursos destina). España también se sitúa muy por debajo de países vecinos como Francia (2,2%) o Portugal (1,5%).

Sin ayudas y con escasas opciones para conciliar la vida laboral y familiar, cada vez más mujeres se encuentran en la disyuntiva de tener que escoger entre tener hijos o trabajar. Las consecuencias sobre la tasa de fertilidad son preocupantes. España acumula seis años consecutives de reducción de la tasa de fertilidad (número de hijos por mujer en edad fértil), habiendo pasado de 1,34 en 2016 a 1,16 en 2022. Nuestro país se sitúa en la cola de los 27 países miembros de la UE, junto con Malta. Incluso Italia, que tradicionalmente nos ha acompañado en las últimas posiciones en tasa de fertilidad, nos ha adelantado con una tasa de 1,24. Es evidente que existe una clara correlación positiva entre gasto en políticas de familia y número de hijos.

La ley de familias que ha aprobado el Consejo de Ministros en febrero y que ha llegado al Congreso va en la buena dirección, aunque todavía podría ser más ambiciosa. Entre las medidas que contempla están la creación de una prestación universal de apoyo a la crianza (de 100€ al mes hasta los 3 años del niño/a), que las familias monoparentales con dos hijos sean consideradas familias numerosas y tengan acceso al mismo sistema de ayudas, y que se reconozcan como familias numerosas aquellas con cuatro o más hijos (o tres hijos según el nivel de ingresos). Este tipo de familias son las que más riesgo de pobreza tienen por lo que las ayudas reducirán su precariedad, y de paso cerrarán un poco la brecha que nos separa del resto de países europeos.

Sin embargo, parece insuficiente que la prestación por crianza finalice a los 3 años y que, además, no vaya acompañada de un sistema universal y gratuito de la enseñanza de 0-3 años. Se ha demostrado que la inversión en esta edad temprana es la que tiene efectos más positivos sobre la reducción de la desigualdad a largo plazo. Además, habría que revisar el sistema actual de incentivos fiscales y prestaciones públicas, porque puede alejar a la mujer del mercado laboral y relegarla a un rol doméstico o a la economía sumergida. Hay que evitar que los ingresos de la mujer puedan comportar para la familia superar un determinado umbral de renta que le haga perder ayudas públicas a la crianza, como el acceso a guarderías públicas, las ayudas al alquiler, o las becas y ayudas comedor. Para evitar que esto pase, es necesario una buena evaluación de las políticas públicas.