Faltan explicaciones

La negativa del exministro de Transportes y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos, a renunciar a su escaño tal y como le exigió formalmente la ejecutiva federal de su partido, ha abierto una grave crisis en el socialismo, la más importante desde que Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del partido en 2017. El pulso de Ábalos a la dirección socialista y su paso al Grupo Mixto, agrega además un elemento más de inestabilidad a la ya complicada aritmética parlamentaria en la que se sustenta el Gobierno. No se trata solo de la aparición de un presunto caso grave de corrupción, con la imputación de Koldo García, exasesor y hombre para todo de Ábalos en el Ministerio, y parece que también en el partido, que ya de por sí supone un duro golpe para la reputación del Ejecutivo y el ánimo de los militantes socialistas. A eso se suma la rebelión de una de las personas que perteneció al núcleo más próximo a Sánchez y que más le ayudó a reconquistar la secretaría general. 

Se desconoce si el exministro tiene intención de vengarse de quienes han sido sus compañeros hasta este lunes y si tiene información para hacerlo, pero su gira por todos los medios de comunicación y los señalamientos a algunos de los actuales dirigentes, como Santos Cerdán, parecen augurar más pesares para los socialistas. Es esta una de las razones, aunque no la única, que permite valorar positivamente la contundencia y la celeridad con que Sánchez y la cúpula socialista exigieron a Ábalos que asumiera su responsabilidad política por el caso Koldo y dejara su escaño. El inmediato requerimiento de rendición de cuentas al exministro es inhabitual y hace creíble la afirmación de que el PSOE está dispuesto a que se investigue lo ocurrido «caiga quien caiga», sin importarle que Ábalos quiera llevarse a otros consigo en su caída.

Pero no basta con eso. El Gobierno y el PSOE le deben una explicación de lo ocurrido a la sociedad española. Deben revelar si conocían algo del cobro de comisiones por la compra de mascarillas, más aún cuando la trama extendió sus tentáculos por otros ministerios, comunidades autónomas y organismos públicos, regidos también por socialistas, y si se extendió a otros contratos o si influyó en la adjudicación de ayudas con dinero público. Sánchez, por su parte, debería además aclarar si la inesperada destitución de Ábalos como ministro se debió a que tenía alguna información, por mínima que fuera, sobre estos asuntos.

Tratar de liquidar esta cuestión encendiendo el ventilador de la porquería y tratando de restarle al PP legitimidad para reprocharle al Ejecutivo su actuación en el caso Koldo, como hizo Sánchez en la sesión de control del Congreso, no contribuye en nada a mejorar la limpieza democrática y puede ser contraproducente para el propio presidente. La ciudadanía necesita garantías de que se gestiona con total pulcritud y precisa de explicaciones claras cuando se produce alguna actividad impropia, ilegal o, en definitiva, corrupta. Que los otros partidos tengan también sus casos de corrupción, incluso si estos fueran más graves, no es una razón que permita eludir la rendición de cuentas que, más allá de las dimisiones, debe incluir la petición de disculpas y la aportación de todas las aclaraciones necesarias. Lo contrario solo contribuirá a extender el prejuicio de que todos los políticos son iguales.