Cuentas para la gobernabilidad

Que dos de los partidos que aspiran a ganar las próximas elecciones autonómicas en Catalunya, ERC y PSC, se hayan puesto de acuerdo sobre los presupuestos de la Generalitat para 2024 no es una noticia menor. Se trata de un gesto positivo, que puede darle al Govern la estabilidad de la que carece y que tiene cierta transcendencia en tiempos como los actuales, en los que domina la polarización en la política española. El aval dado a los presupuestos por Pere Aragonès y Salvador Illa no supone todavía su definitiva a su aprobación, puesto que sus partidos solo suman 66 diputados (33 cada uno), menos del 50% de la cámara. Necesitaran el apoyo de otro grupo parlamentario, previsiblemente los Comunes. Sin embargo, la firma que ambos dirigentes han estampado sobre las cuentas bien puede calificarse de un acuerdo en la mejor tradición catalana. Aquel en el que cada protagonista da prioridad a lo obtenido (o lo que cree que va a obtener) sobre lo concedido a su adversario. Para Aragonès, que ha aceptado no cerrarse a una ampliación del aeropuerto de El Prat y a la tramitación urbanística del complejo de juego Hard Rock, que pedían los socialistas, los beneficios son evidentes. Agotar la legislatura hasta la primavera del 2025, gobernando con un presupuesto expansivo que le permita arrinconar a Junts per Catalunya. Para Illa, los beneficios se miden en términos de consolidación de su partido como alternativa de gobierno en Catalunya, y en echarle un cable a Pedro Sánchez garantizando el apoyo de ERC al Gobierno de España, en momentos de zozobra del PSOE.

Un 10% más en educación y ni rastro del Hard Rock: las claves del pacto Govern-PSC para los presupuestos

Más allá de las derivadas políticas que han presidido y facilitado el acuerdo, a las que habría que sumar una eventual entrada de ERC en el gobierno de Barcelona, los presupuestos constituyen un último ejercicio expansivo antes de que entren en vigor las reglas más restrictivas de la Unión Europea en 2025. Con 44.000 millones de euros, Aragonès dispone de la mayor capacidad de gasto que ha tenido nunca la Generalitat. Supone un aumento del 6,3% respecto del presupuesto del año pasado (apoyado por PSC y Comuns). Es decir, 2.400 millones de euros más destinados, principalmente, a afrontar la sequía (con más de 1.000 millones de euros), a responder a los malos resultados del informe PISA sobre la enseñanza en Catalunya (con un aumento del 10% en educación) y a invertir más en Sanidad, principalmente en la desatendida atención primaria. Juntos a los más de 1.000 millones de euros que alcanza por primera vez la inversión en I+D+i, el presupuesto debe permitir afrontar algunos déficits que tiene Catalunya en Educación, Sanidad, Vivienda, Seguridad, así como la reindustrialización. Esto, siempre que mejore la capacidad de ejecución de la administración catalana. Y con la duda de hasta qué punto algunos de los nuevos compromisos pueden hacer más complicado el previsible reajuste del gasto en un futuro próximo.

No les va a resultar fácil a los Comuns mantener el no que anunciaron ayer de no descartarse explícitamente el proyecto del Hard Rock (que no figura en los presupuestos, pero al que Aragonès se ha mostrado abierto). No participar de un modo u otro, desde el gobierno o desde acuerdos parlamentarios, en el desarrollo de unas cuentas tan significativas, puede conducir a la irrelevancia política. Lo saben en Junts, que paradójicamente prefiere jugar sus cartas en Madrid, y deberían saberlo los Comuns.