Claroscuros en la cumbre de la UE

Los Veintisiete aprobaron en el Consejo Europeo extraordinario del 1 de febrero una ayuda financiera de 50.000 millones de euros para Ucrania durante el periodo 2024-2027, lo que permitirá al Gobierno de Kiev mantener en funcionamiento el estado ucraniano pese a la guerra con Rusia y evitará el agotamiento de los fondos previsto para marzo ante la parálisis en la ayuda norteamericana. Pero, a causa de las divergencias internas, los Veintisiete tuvieron que aplazar el incremento en 5.000 millones de la partida para Ucrania del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz de la Unión Europea (UE), que financia los suministros de armamento de los estados miembros a Ucrania y cuyos fondos disponibles se están agotando.

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Los líderes tampoco lograron un compromiso o un plan de acción sobre cómo acelerar la producción de munición para Ucrania ante el incumplimiento de la promesa de la UE de proporcionar a Kiev un millón de obuses en un año. Se limitaron a pedir que se aceleren los esfuerzos y los pedidos. La falta de una política global coherente de los estados europeos sobre los pedidos de armamento, con garantías de compra a largo plazo, ha frenado hasta ahora la ampliación sustancial de las capacidades de producción de la industria de defensa europea.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, levantó finalmente su veto al paquete de ayuda a Ucrania, oficialmente sin ninguna concesión más allá de algunos párrafos con escasos efectos prácticos. En los próximos meses se podrá comprobar si ha habido concesiones a Hungría sobre los 20.000 millones de ayudas europeas aún bloqueadas por corrupción y violación de los principios democráticos y sobre la prolongación del permiso a Hungría para comprar sin límites gas, petróleo y derivados a Rusia, pese a las sanciones.

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Críticas del Parlamento Europeo

La Comisión Europea ya aprobó en diciembre abonar a Hungría otros 10.200 millones bloqueados para que Orban dejara de oponerse a abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania. El Parlamento Europeo, en una resolución aprobada el 18 de enero, criticó duramente a la Comisión Europea por haber aprobado desbloquear esos fondos de forma injustificada, le reclamó que paralice el desembolso de esa ayuda y encargó a la comisión de asuntos jurídicos que prepare una denuncia contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por desbloquear esos fondos.

El resto de las decisiones sobre la revisión del marco financiero 2021-2027 adoptadas en el Consejo Europeo reflejan una vez más las contradicciones entre las declaraciones oficiales de los líderes sobre el desarrollo económico, industrial y tecnológico de la UE y las medidas adoptadas realmente. Además de los 50.000 millones para Ucrania, los otros únicos incrementos aprobados en el gasto del presupuesto europeo hasta 2027 son 1.500 millones para el Fondeo Europeo de Defensa y 9.600 millones para controlar la inmigración (2.000 millones a nivel interno de la UE y 7.600 millones para pagar a los países que actúan como gendarmes migratorios al servicio de la UE, como Turquía, Túnez, Libia y países balcánicos). Este gasto adicional se financiará en parte con la reorientación de 2.100 millones del programa de investigación Horizonte Europa, el recorte en 1.300 millones del Fondo de Ajuste a la Globalización y el desvío de 1.000 millones del programa de salud y de otros 1.100 millones de la política agraria y de cohesión.

Desconexión con la realidad

A diferencia de Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, los dirigentes de la UE anteponen el ajuste al desarrollo industrial y tecnológico. Los Veintisiete descartaron la propuesta de la Comisión Europea de aumentar el gasto del presupuesto europeo en 8.500 millones para inversión industrial, innovación y tecnología, pese al contexto de estancamiento económico que muestran los datos de Eurostat del cuarto trimestre del 2023, las débiles perspectivas para 2024 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el retraso tecnológico acumulado por la UE a causa de la política de austeridad de la pasada década.

La cumbre mostró asimismo una desconexión con la realidad cotidiana ciudadana. A pesar de la revuelta agraria en la UE, la carta de invitación a la cumbre no incluía ninguna mención a la crisis agraria, ni sugería una reflexión política sobre el problema. Ante la virulencia de las protestas de los agricultores en Bruselas, al final, el presidente semestral del Consejo de la UE, el primer ministro belga Alexandre De Croo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron con los dirigentes agrarios.

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