Una reparación imprescindible

El Congreso de los Diputados dará este jueves luz verde a la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar la palabra «·disminuido» por «discapacitado». Las palabras siempre son un reflejo fiel de la vida social. Si nuestra Constitución tuviera 100 años, igual les hubiera designado como «subnormales». Afortunadamente, el respeto por la dignidad esencial de las personas ha progresado aceleradamente en las últimas décadas y este cambio era de absoluta justicia y contaba con todo el apoyo social. Incluso algunos hoy aún serían más cuidadosos con la manera de designar la protección de la diferencia de los que son ciudadanos españoles de pleno derecho. Como dijo en su día Adolfo Suárez, con esta reforma se eleva a rango de normal en la ley lo que es normal en la calle. Es, a todas luces, una muy buena noticia para este colectivo y, en consecuencia para el conjunto de los españoles. Y es una injusticia que se haya tardado tantos años.

La reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuidos", un oasis de entendimiento entre Sánchez y Feijóo

¿Por qué ha costado tanto? Pues por la dinámica política en la que estamos instalados en las últimas décadas. Antes le llamábamos crispación y ahora le llaman polarización. Pero la realidad es que los dos principales partidos del hemiciclo, PP y PSOE, tiene una clara incapacidad para el pacto, incluso diríase que animadversión a ponerse de acuerdo. Y, especialmente, a hacerlo público. Ellos son la base del consenso institucional español, pero están convencidos de que demostrar su entendimiento les mina electoralmente. Por ello cuesta tanto la renovación de algunos órganos o la reforma de la Constitución que exige una mayoría reforzada para aprobarse incluso en aquellos artículos que no precisan del refrendo de los ciudadanos y la convocatoria de elecciones. Seguramente, también es responsabilidad de los electores y de la opinión pública de transmitirles esta sensación de que el consenso les resta en lugar de sumar como ocurre en la mayor parte de las democracias occidentales, mucho más ágiles en la reforma de sus leyes fundamentales.

¿Por qué hay que desterrar la palabra 'disminuido' para hablar de discapacidad?

Así pues, además de reparar un agravio con las personas discapacitadas, esta reforma debería servir para que la política española y, especialmente, PP y PSOE, perdieran ese miedo reverencial a afrontar reformas desde el consenso. Es evidente que el mundo no se va a acabar tras lo acontecido en el Congreso. La vida va a seguir adelante y la dinámica política será la que iba a ser. Esta normalidad debería abrir el paso a la renovación, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, e incluso a otras hipotéticas reformas como pudiera ser la de la ley electoral o eventualmente la de otros artículos de la misma Constitución. Aspectos faltos de «actualización» sin cambiar el modelo de sociedad y de sistema político que sustenta el texto del año 1978 los hay. Empezando por el derecho de las mujeres a la sucesión en la jefatura del Estado y siguiendo por aspectos relacionados con las opciones de género y tantas otras. Lo que realmente alimenta el extremismo político es que cuando los partidos centrales no promueven reformas, las ansias de cambio pasan de ser sectoriales a ser globales. Vox, en muchos aspectos, es el resultado de esa dinámica. Como lo fue en sus primeros momentos el 15M que dio paso a Podemos. El inmovilismo genera el caldo de cultivo de la revolución mientras que las reformas revitalizan el consenso.