Pélets y campaña, mala combinación

El pasado 8 de diciembre, hace ya más de un mes, las autoridades portuguesas avisaron a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a España de que el carguero Toconao había perdido seis contenedores en aguas portuguesas. A partir de esa fecha se han sucedido una serie de comunicaciones e incomunicaciones, de acciones e inacciones, que es inevitable concluir que se han visto contaminadas políticamente por una circunstancia que poco tiene que ver con la seguridad marítima o la protección del medio ambiente: el hecho de que el pasado 21 de diciembre el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciara la convocatoria de elecciones al Parlamento gallego para el 18 de febrero.

El 13 de diciembre la Xunta detectó la llegada de plásticos a las costas gallegas; el 20 de diciembre el Gobierno supo que procedían del accidente del Toconao y lo comunicó por Whatsapp a las autoridades gallegas; estas alegan que no recibieron el aviso formalmente por escrito hasta el 3 de enero y en persona por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera el 7 de enero. El Gobierno reclamó a la Xunta que declarase el nivel 2 de alerta que implica su intervención, y esta no lo hizo hasta que se adelantó en esta iniciativa el Gobierno de Asturias. Para acto seguido, exigir la aportación de medios del Estado antes de que llegaran a las playas (competencia autonómica) e interceptarlos en cambio en alta mar (competencia estatal).

Hasta aquí, el habitual juego de más que mejorable coordinación entre administraciones de distinto signo y la no menos frecuente construcción de relatos para trasladar la responsabilidad al contrario. Lo cual, sin dejar de ser lamentable, pasa a ser más grave en tanto que ha condicionado las diferentes evaluaciones de la gravedad de la situación y, aún peor, las medidas a tomar.

Evidentemente, con una convocatoria electoral por en medio, la sombra del petrolero Prestige ha sido más que alargada. Hay pocas dudas de que el vertido de plásticos supone un peligro ambiental: desde los efectos puramente físicos que tengan las bolas de plástico sobre los peces y aves que las ingieren hasta la posibilidad de que contengan aditivos con consecuencias tóxicas una vez se hayan introducido inevitablemente en la cadena trófica. Y tampoco las hay de que desde la Xunta este riesgo se ha minusvalorado, justo hasta el momento en que se ha podido pasar a señalar competencias del Gobierno central. Pero no es en absoluto evidente que el daño ambiental pueda compararse sin más con el que causó el vertido de petróleo del Prestige, ni que las negligencias en la gestión del siniestro sean equivalentes a las que rodearon aquel desastre, aunque desde la oposición al Gobierno gallego se haya querido abundar en los posibles paralelismos.  

Hasta aquí la danza de atribución de responsabilidades y de su rentabilización política. Un terreno inevitablemente enfangado en el clima actual de la política española, y aún más en campaña electoral. Pero si ya sería criticable que la reacción efectiva ante la marea plástica de quienes debían actuar en primera instancia en las playas afectadas hubiera quedado condicionada y paralizada durante semanas por una evaluación incorrecta del las consecuencias del siniestro, aún lo sería mucho más que tras la inacción estuviesen simplemente cálculos, temores y escrúpulos puramente electorales.