La vaguedad del informe sobre el acuerdo de claridad

El Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat ha presentado esta semana el informe que nos encargó el Govern. Hemos respondido, por el orden en que se formularon, a las cinco cuestiones siguientes: (1) características que tendría que incluir un acuerdo de claridad para resolver el conflicto político, (2) mecanismos existentes en política comparada que permitirían aportar soluciones, (3) actores políticos e instituciones que tendrían que tomar la iniciativa, (4) funciones que debería tener un referéndum u otros mecanismos análogos y, finalmente, (5) características que tendría que cumplir este referéndum o mecanismo análogo para ser legítimo y viable.

Se ha criticado que el informe sea vago, en el sentido de no aportar soluciones concretas. Dicho de otro modo, que el informe sobrevuela el terreno sin acabar de aterrizar. Mi respuesta es que la vaguedad del informe no tendría que sorprender ni ser necesariamente mala. El informe ha sido aprobado por unanimidad del Consell, que está formado por nueve expertos de disciplinas académicas e inclinaciones políticas diversas. Más concretamente, está formado por independentistas y no independentistas, con posible mayoría de los últimos.

El precio del consenso suele ser la vaguedad o textura abierta del texto, positiva en un informe que quiere abrir el horizonte de posibilidades y no marcar un solo camino a recorrer. Los caminos concretos tienen que ser propuestos y acordados por los representantes democráticos. Por deferencia política y prudencia académica, el papel que ha adoptado el Consell es el de ofrecer claves teóricas y herramientas prácticas para que se genere un debate sofisticado y fructífero tanto a nivel institucional como ciudadano. El informe procura abrir puertas reales y ventanas mentales.

Tal como muestran el informe y su adopción por unanimidad, parece posible llegar a compromisos razonables sobre un conflicto tan embrollado. Ahora bien, estos compromisos a menudo requieren esfuerzo, moderación, paciencia, cesiones, ambigüedades y silencios. La democracia liberal no va solo de mayorías: hay que tomarse en serio a las minorías y buscar compromisos entre posiciones distantes y a menudo enfrentadas. Cuando las democracias son multinacionales y quieren acomodar este pluralismo, tienen que asumir el hecho que suelen existir varias mayorías legítimas territorialmente solapadas.

En general, para gestionar democracias multinacionales conviene mantener cierto grado de vaguedad y voluntad de negociar de buena fe. El informe no quiere ser como una receta de cocina ni un manual de instrucciones. Más bien quiere ser una guía para la resolución de conflictos territoriales profundos y, concretamente, del conflicto entre Catalunya y España.

Una guía que trata de los principios y elementos esenciales que los actores relevantes tendrían que tener en cuenta, así como los instrumentos y prácticas usados y a usar. Esta guía incluye reflexión teórica y, a la vez, experiencia práctica. Mira hacia dentro y hacia fuera. Cuando mira hacia fuera, procura centrarse en casos comparables.

Se ha descrito el informe como político y no jurídico. Aun así, en la cúspide constitucional, la política y el derecho tienden a converger y confundirse. La teoría política y la teoría constitucional son disciplinas muy próximas. Hasta hace pocas décadas, al derecho constitucional se le llamaba derecho político. En los conflictos sobre soberanía, lo político está íntimamente relacionado con lo jurídico.

Los grandes principios que, según el informe, deberían guiar el acuerdo de claridad y la gestión del conflicto han sido extraídos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Canadá, concretamente de su célebre 'Dictamen sobre la secesión de Quebec'. En la sentencia sobre la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya, el Tribunal Constitucional español considera que su pronunciamiento es de la misma naturaleza que el del Tribunal Supremo canadiense: ambos rechazan la existencia de un derecho unilateral de secesión, si bien resaltan la importancia de la negociación y del diálogo entre los poderes territoriales correspondientes.

A diferencia del tribunal canadiense, el español ha impuesto obstáculos casi insuperables a someter a referéndum una cuestión cuya respuesta requiere de una reforma constitucional. Aun así, no podemos olvidar que esta jurisprudencia española ha sido construida para impedir proyectos y acciones unilaterales vascas y catalanas. Si una vía de resolución del conflicto fuera acordada con el Estado y debidamente regulada, el Tribunal Constitucional podría revisar su jurisprudencia o eludir pronunciarse priorizando, por ejemplo, otros casos que tuviera sobre la mesa. Una mayoría llamada progresista ahora controla el alto tribunal.

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