La inflación y la sequía encarecen el agua

El precio del agua subirá el año próximo para el 90% de los de hogares catalanes, los situados en los municipios conectados al sistema de suministro del Ente de Abastecimiento Ter-Llobregat (ATL). El encarecimiento del agua al por mayor suministrada por este organismo a ayuntamientos y empresas concesionarias será del 33% (de 0,74 euros por m³ a 0,99 euros por m³), lo que no significa que ese porcentaje sea el del incremento de la factura sobre el consumidor. El impacto directo de este aumento afecta solo a una parte de esta, la que implica estrictamente el volumen de agua consumido, de tal forma que este incremento debería limitarse aproximadamente de un euro por persona y mes. Pero, al mismo tiempo, falta aún por ver si aún se añadirán sobrecostes en otros de los conceptos de la factura, como el saneamiento, el servicio de las empresas distribuidoras o el canon con el que se financia la construcción de infraestructuras por parte de la Agència Catalana de l’Aigua, inmersa en un proceso de ampliación de la capacidad de la desalinizadora de la Tordera y de construcción de un nuevo equipamiento en el ámbito de Tarragona, de despliegue de nuevas instalaciones de regeneración de un elemento del que ya no podemos prescindir ni una gota y de medidas de ahorro. La ACA también arrastra el peso de una gestión cuestionable durante años que no debería repercutir directamente sobre el usuario. 

Detrás del actual incremento del precio se encuentra un aumento objetivamente demostrable de los costes. Atribuible a la inflación y también a las consecuencias de una sequía que no es ocasional visto el horizonte de reducción de un 20% de los recursos hídricos de Catalunya a causa del cambio climático. Se trata de un cargo más a sumar a un concepto al que nos iremos acostumbrando, la «inflación climática», es decir, del aumento de los precios vinculados a los costes inherentes al calentamiento global.

ATL suministra agua potable obtenida de los caudales de los ríos Ter, Llobregat y Cardener, y el proceso para ponerla en condiciones de ser consumida implica el uso de productos químicos y suministro eléctrico, sobre los que recae el aumento del IPC. Pero al mismo tiempo, la sequía extrema ha obligado a aumentar drásticamente la producción de las plantas desalinizadoras, que de entrada tienen un coste por m³ notablemente más alto que la potabilización de agua captada de ríos y embalses, y aún más con el incremento del precio de la energía eléctrica que estas instalaciones requieren para su funcionamiento. Un recordatorio, por cierto, de que desde el punto de vista de la sostenibilidad, contar con ellas es imprescindible para capear situaciones como la actual pero no puede ser la única solución y no puede suplir a estrategias como la reutilización de agua regenerada, un recurso hasta ahora despreciado y que pasará a tener un papel capital, y el ahorro.

El incremento del precio del agua es en sí mismo un mecanismo disuasorio del consumo excesivo, al lado de las campañas de concienciación y la mejora de las infraestructura de distribución, pero al igual que otros suministros básicos como la electricidad, debe tener mecanismos de compensación para garantizar que el acceso a ella siga estando garantizado como un derecho esencial a los hogares de menor renta.