Y después, ¿cómo gobernar?

Tras la investidura fallida del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el Rey ha encargado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentar su candidatura a la jefatura del Gobierno. Sánchez tiene hasta el 24 de noviembre para presentarse ante el Parlamento, aunque sería preferible que acortara este plazo para que supiéramos cuanto antes si cuenta con una mayoría suficiente o si es inevitable una repetición de elecciones. Todo lo que sea apurar plazos resulta tan legítimo como costoso.

No parece, sin embargo, que vaya a ser fácil para Sánchez, teniendo en cuenta las posiciones que han expresado los socios potenciales del PSOE. Empezando por Sumar, con quien aspira a coaligarse y cuya líder, Yolanda Díaz, ha recordado que los pactos no están cerrados, se puede suponer que en particular en cuanto a la distribución de carteras. Con todo, el meollo de las negociaciones pivotará sobre un posible acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Sabemos algunas de las exigencias, unas irrenunciables y otras tácticas, de unos y otros. Una amnistía o fórmula equivalente, ante la que más allá de la oferta de «generosidad» de Sánchez solo se ha manifestado la disposición a explorarla aún sin compromiso explícito. La insistencia en lograr algo más (en la propuesta de máximos, una vía hacia el ejercicio de la autodeterminación) para poder exhibir como triunfo colectivo algo más que la solución de situaciones penales personales. Y la negativa clara, por parte del PSOE, de aceptar una fórmula que no quepa en la Constitución.

Pero que el turno de la propuesta para formar Gobierno pase ahora a Pedro Sánchez le obliga a abrir el debate público sobre algo más que las condiciones necesarias para conseguir la investidura. Llega el momento de exponer cuáles son las prioridades políticas, sus proyectos básicos y la agenda de reformas que deberían emprenderse más allá de ganar tiempo de posesión en la Moncloa y las carteras ministeriales. Y con qué mayoría y a cambio de qué compromisos para conseguirla, ante una extremadamente difícil aritmética en la que, como ha advertido un político habitualmente moderado, como Iñigo Urkullu, necesitará «todos los votos y todo el rato». Y se trata de todos los votos de fuerzas que pueden identificarse en el rechazo a brindar el paso a un Feijóo que cuente con los votos de Vox pero que no coinciden precisamente en modelos de sociedad y económicos (y que se encuentran en competencia electoral entre ellas).

La extrema polarización de la política española no permite vaticinar una legislatura estable en caso de que Pedro Sánchez consiga formar Gobierno. La manifestación convocada por SCC a la que acudirán el PP y Vox en Barcelona, el próximo día 8, contra la amnistía –una posición que ambas fuerzas han anticipado en el Senado– es una señal de la confrontación que puede producirse entre el Ejecutivo y la oposición, desde la calle y desde el poder territorial. Este será el coste de una política en la que las principales fuerzas políticas son incapaces de crear espacios de cooperación para afrontar los retos que tiene el país. Con ellos, los objetivos del programa de Gobierno de quien finalmente resulte investido podrían ser más ambiciosos. Y la posibilidad de llevarlos a cabo, mucho más factible.