Los atajos de Colau en la 'superilla' de Consell de Cent

Los atajos son malos en política. Y, en general, en la vida. La aceleración de la información, la preponderancia de las emociones y el menosprecio por el conocimiento junto con la acumulación de casos de corrupción han dado alas el populismo, esa manera de gestionar que consiste en decirle a la gente que las soluciones son más fáciles que los problemas y que cualquier retraso es debido a la presión de los lobis, las comisiones de los partidos o la negligencia de los funcionarios. 

Barcelona tiene un grave problema con la contaminación. También Madrid y otras ciudades europeas. Y reducir las emisiones de gases contaminantes en el perímetro de la trama urbana es una exigencia de la UE que amenaza con multas millonarias no a la ciudad sino al Estado. Ada Colau y los Comuns llegaron a la alcaldía con el compromiso de reducir las emisiones. Pero en lugar de convertir ese objetivo en un proyecto de toda la ciudad, lo hicieron bandera de su marca política, un poco como ha hecho Irene Montero con el 'sí es sí'. De manera que aceleraron las medidas y no solo no buscaron el consenso, sino que fomentaron la confrontación siguiendo las consignas de su admirado Ernesto Laclau. Pero los atajos acostumbran a acabar en los juzgados. Las dos medidas estrella de Colau contra la contaminación se han dado de bruces en los tribunales. El reglamento de la Zona de Bajas Emisiones de las rondas, la medida emblemática del primer mandato, se salvó por la nueva ley española y por el reglamento de la AMB. El proyecto estrella de la última legislatura, el eje verde o superilla de Consell de Cent lo ha tumbado ahora una jueza de Barcelona. Y no lo ha hecho por razones ideológicas, como algunos pretenderán argumentar, sino por motivos reglamentarios: es una modificación encubierta del Plan General Metropolitano y de esa manera debería haberse tramitado. De nuevo una medida quizás conveniente mal ejecutada jurídicamente por las prisas del populismo político. Exactamente igual que el 'sí es sí'.

Los promotores de la demanda y el actual alcalde de Barcelona tienen la patata caliente de resolver este entuerto. A cualquier persona con sentido común no le cabe en la cabeza enviar las excavadoras a destruir el flamante mobiliario urbano que costó 26 millones de euros. Pero es que, además, la peatonalización del centro de Barcelona, como el de Madrid Central, es imparable y recomendable. Solo que tiene que hacerse siguiendo los trámites que lo único que pretenden es favorecer el consenso. Alcalde Collboni, por favor, no abandone el objetivo de reducir la contaminación, pero hágalo sin atajos, sin ideología, buscando el consenso y acompasando los avances con las necesarias alternativas a la movilidad. Seguro, que con esta actitud, los demandantes se ahorran reclamar la ejecución de la sentencia. 

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