Se busca: reforma democrática de la policía

 «La corrupción no pasa factura al Partido Popular». Esta frase ha estado vigente durante los largos e interminables años de instrucción de las causas del PP en el Estado Judicial Español. Hasta el 24 de mayo de 2018. La sentencia del caso Gürtel, primera época (1999-2005), consagra que entre el grupo de Francisco Correa y el PP se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas». 

Son nueve años los que lleva la investigación, desde 2008/2009, hasta la citada sentencia en 2018. Precisamente, el entonces comisario José Manuel Villarejo conoce a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en 2009, a través de su pareja Ignacio López del Hierro. Y la razón: el comisario le aporta información sobre la marcha de la investigación. ¿Participa en ella? No. ¿Cómo, pues, conoce lo que se está sabiendo? Porque es amigo personal del comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y los datos que Olivera le cuenta, Villarejo los usa para ir tejiendo una relación de confidente-asesor de su clienta Cospedal. 

Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de mayo de 2020, el audio de una comida celebrada entre Villarejo, Olivera, el abogado Javier Iglesias y otros, el 25 de enero de 2017, evoca el caso Gürtel. Villarejo cuenta que intenta persuadir a Cospedal para nombrar director adjunto operativo, el número dos de la Policía Nacional, a Olivera para ocupar el lugar de Eugenio Pino. 

–Villarejo: «Aparte de ser la persona más ideal [Olivera] es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores, macho, a esta gente, joder, que en el 2009, este señor y yo estuvimos jugándonosla… Que la Gürtel los podía haber, vamos, los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por este [Olivera] y eso no se puede olvidar en la puta vida». 

–Javier Iglesias: «Empezando por el jefe…».

–Villarejo: «Empezando por el mierda del jefe…».

Y aquí en este punto, Javier Iglesias, precisa: «Por el de los bigotes». 

Iglesias, a quien Villarejo consideraba en aquellos años su «puente» hacia Mariano Rajoy, se ha referido, pues, a José María Aznar.

 Un día más tarde, el 26 de enero, según el informe, Villarejo, la periodista Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda, director de Okdiario, tienen un almuerzo. El policía les dice: 

–Me cago en la puta, en el 2009, si no llega a ser por que un gilipollas que se llama Villarejo escondió cien cajas de Gürtel a ver, a ver… se hubiera acabado todo, el partido…   

El ‘procés’

Otro de los casos de instrucción completamente sesgada fue la del ‘procés’. En calidad de policía judicial, el entonces teniente coronel Daniel Baena, Tácito en las redes sociales, describió en uno tras otro de sus informes la «insurrección». Su smoking gun (pistola humeante, término para definir una prueba de cargo) fue el célebre informe Enfocats y la agenda Moleskine, es decir, unas filminas de Powerpoint a partir de las cuales Baena armó un organigrama en el que colocaba en lugar preeminente al mayor de los Mossos de Esquadra Josep Lluís Trapero. «No podía ser otro», contestó Baena al preguntársele por qué figuraba allí Trapero. 

El smoking gun –el informe Enfocats– no fue citado una sola vez en la sentencia del Tribunal Supremo de 192 páginas de octubre de 2019. Y tanto las conclusiones de Baena sobre ese informe así como sobre la agenda Moleskine fueron completamente rechazadas en el juicio de la Audiencia Nacional, que absolvió al mayor y otros altos cargos el 20 de octubre de 2020: «En conclusión, los dos documentos, lejos de acreditar la conexión entre Trapero y quienes promovían la independencia y la celebración del referéndum, son un contraindicio. No se menciona en ellos la intervención del jefe de los Mossos d’Esquadra y se duda de que el cuerpo pueda apoyar el proceso independentista». 

El voto particular de la magistrada Concepción Espejel contra la sentencia, en cambio, asume las opiniones del verdadero instructor de la causa, el teniente coronel Baena. 

Hay excepciones a la regla en la cojera hacia la derecha de la policía judicial. En los casos Gürtel y Tándem-Villarejo, respectivamente, ha habido policías íntegros. Funcionarios policiales de la UDEF como el inspector Manuel Morocho, redactor de los informes, y de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) como el comisario Javier Migueláñez y el inspector Gonzalo Fraga son algunos de ellos. Han impulsado a través de la investigación del caso Tándem-Villarejo una depuración policial. La presencia en el banquillo de Kitchen –todavía no hay fecha de juicio oral para esta pieza del caso Tándem– de comisarios de primer nivel así lo atestiguan. 

En la película Kitchen, mira por dónde, los buenos son los policías que ayudan a investigar y los malos los jueces que filtran datos y frenan las imputaciones (la resistencia tenaz del juez García Castellón a acusar a Cospedal, que representa la pata política de la operación. 

El sistema de instrucción basado en la actividad preponderante de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil (UCO) tiene, además, una conexión directa con los medios de comunicación, convirtiendo hipótesis de trabajo o pistas en verdades absolutas. Este sistema y la transformación del Ministerio del Interior y la Policía en departamentos del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy (caso Kitchen) exigen grandes reformas. Lo que ha quedado de Villarejo y sus vínculos con la alta jerarquía del PP y del Ministerio del Interior es que están hechos unos zorros. 

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