De Meritxell Batet a Francina Armengol

Al anunciar el pasado miércoles, día 15 de agosto, la candidatura de Francina Armengol para la presidencia del Congreso de los Diputados, adelantada por El Periódico de Catalunya el lunes 13, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) concluía con estas líneas: "Estamos convencidos de que Francina Armengol representará a nuestro país, como tercera autoridad del Estado, con la máxima solvencia, igual que hizo su antecesora en el cargo Meritxell Batet".

Esta declaración -podría decirse más de desagravio que de respeto- buscaba reparar el hecho de que el PSOE -es decir, Pedro Sánchez- no repetía la propuesta de convertir a Batet en presidenta del Congreso de los Diputados en la XV legislatura.

Hay razones personales, como ciertamente ha invocado en su comunicación con los medios Batet sin citarlas (es pareja de Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional que se tiene que abstener en asuntos como, por ejemplo, recursos de amparo parlamentarios como el de Rodríguez) y hay razones políticas. Y ambas se entremezclan. Lo relevante es que encierran una de las lecciones más relevantes sobre cómo ha estado operando lo que he llamado el Estado Judicial Español, una fórmula que he tomado del jurista alemán Bernd Rüthers.

¿Por qué?

Porque en el caso de Alberto Rodríguez, el diputado expulsado por Batet -después que ella mantuvo consultas con el presidente del tribunal que le condenó, a su vez presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena- en octubre de 2021, se concentra un caso redondo de judicialización de la política. En este caso la presidenta del Congreso se pone en comunicación con el presidente de la Sala Segunda del Supremo y el presidente de la Sala Segunda, a su vez, le orienta al tiempo que niega su función de “asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme".

El resultado: Rodríguez, condenado a una multa de 540 euros, a pena accesoria de inhabilitación de 45 días, fue expulsado por todo el periodo que faltaba de la XIV legislatura.

Lo que se le pedía a Batet, lo que dio lugar a su consulta posterior, es que dijera en qué fecha empezaba a cumplirse la pena de inhabilitación para computar los 45 días. Si en ese periodo, por ejemplo, se convocaban elecciones, Rodríguez no podría presentarse por estar inhabilitado, durante ese periodo preciso, para el sufragio pasivo.

En juego estaba el artículo 23 de la Constitución, lo que se suele llamar el ius in officium o desempeño de las funciones del diputado en sede parlamentaria, una actividad vinculada al derecho de los ciudadanos a participar en política, que se lleva a cabo por medio de representantes libremente elegidos. 

Batet tenía ante sí a Marchena, pero detrás, en la Mesa del Congreso, la política y profesora de derecho constitucional catalana sentía en las reuniones que tuvieron lugar del 20 al 22 de octubre de 2021, el aliento en el cuello del vicepresidente cuarto del Congreso, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro. Mientras en las redes sociales Vox advertía a Batet de que, si no expulsaba a Rodríguez, corría el riesgo de la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, de sufrir una querella por desobediencia en la Sala Segunda del Supremo, Gil Lázaro la urgía a privar a Rodríguez de su escaño sin más pérdida de tiempo. Y eso ocurrió el 22 de octubre, tras su comunicación con Marchena. Batet se mostró incapacitada para defender el artículo 23 de la Constitución y privó a 64.000 electores canarios de su representación política. Se dice pronto.

Si Batet representó la judicialización de la política, por así decir, Marchena completó el círculo con la politización de la justicia, al instigar una expulsión en el ambiente descrito, sin aparecer como el auténtico instigador. En ningún lugar consta que él pidió la expulsión de Rodríguez, solo queda el documento dirigido a Batet en el que se solicitaba la fecha del comienzo de la inhabilitación.

La defensa del articulo 23 pasaba por exactamente eso: enviar la fecha solicitada, computar los 45 días de inhabilitación y mantener el escaño de Rodríguez. Batet no tenía que interpretar. Y si se sentía insegura, podría enviar el asunto a la Comisión del Estatuto de los Diputados, como propuso el secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, y como, según ha sabido EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, sostiene el borrador de ponencia de la magistrada del TC, María Luisa Balaguer, a cargo del recurso de amparo parlamentario pendiente de resolver el próximo otoño.   

La conexión canaria

No fue, en todo caso, la única politización de la justicia representada por Marchena. Y mira por dónde, ay la conexión canaria, también con una diputada por Canarias, la magistrada María Victoria Vicky Rosell en 2016. Marchena, canario, respaldó la admisión de una querella contra ella presentada por el entonces ministro-candidato José Manuel Soria contra ella. Solicitado el informe preceptivo de la Fiscalía del Supremo, los fiscales se opusieron a admitirla a trámite. Pero Marchena, cuya relación personal con el abogado de Soria, el exfiscal Eligio Hernández, era de todos conocida, decidió la admisión basándose en hechos que no eran, por así decirlo, troncales en la querella, sino en otras presuntas irregularidades relacionadas con otra causa.  

Por su parte Vicky Rosell, percibida por el Estado Judicial Español como una peligrosa enemiga -hay que ver el mal trago de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder General (CGPJ) cuando compareció en la comisión de justicia del Congreso el 29 de abril de 2016- tuvo que renunciar a su escaño al ser imputada por el Supremo., en cumplimiento del código ético de Podemos.

Marchena dirá, más tarde, en un encuentro con Rosell: “Vicky, te aseguro que me engañaron". Así de fácil.

Sin embargo, a medida que la derecha judicial y mediática -un sindicato que nada tiene que envidar al del "crimen" de los años noventa ya autodenunciado por el exdirector del Abc Luis María Anson- atisba la caída del “sanchismo”, los movimientos son más transparentes.

Eso ocurrió con el informe no vinculante sobre los indultos de los dirigentes independentistas que la Sala Segunda, dirigida por Marchena, elevó al Gobierno en mayo de 2021.

"La Sala -decía- coincide con la idea de que la finalidad del artículo 102 de la Constitución no es otra que la impedir medidas de autoindulto".

El cañonazo contra el Gobierno de Pedro Sánchez era evidente. Y quiso decirlo en román paladino, no solo para iniciados. Añadía: "Desde la singular perspectiva que ofrece el presente caso en el que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".

Es decir: indultas a Oriol Junqueras porque de lo contrario dejas de ser presidente de Gobierno. Y, al tiempo, el informe advertía a modo de espada de Damocles implícitamente que no correspondía a la Sala Segunda una eventual revisión de los indultos. Esto es: tocaría a la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Supremo resolver un eventual recurso -de Vox, por ejemplo- para anular los indultos. 

Marchena no pretendía mostrar el más pequeño indicio de neutralidad, aunque sea por imagen, orientándose a un enfrentamiento directo y deliberado con el gobierno de Sánchez. Y, todo hay que decirlo, a pesar de que según ha dicho el magistrado, Sánchez le invitó a Moncloa después del fracaso de su nombramiento, en noviembre de 2018, para pedirle que aceptarse ser candidato a presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial.

Las maniobras no descansan. El último intento conocido ha sido el golpe de mano por la puerta de la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional de los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa en la operación fallida contra Sánchez, mira por dónde, relacionado con las negociaciones con Junts y Carles Puigdemont sobre la presidencia del Congreso y la investidura.