No se necesita investidura ni nuevo Gobierno

No es que el Congreso de los Diputados y el Senado 'puedan' hacerlo. Es que así lo manda la ley. «El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo» (artículo 568.1 de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985). Deberán, pues, adoptar las medidas necesarias. 

Decíamos en nuestra primera entrega que la solución a lo que podríamos llamar el secuestro del Poder Judicial (su renovación quinquenal está pendiente desde el 4 de diciembre de 2018) por parte del PP, que la bloquea, sería descrita en este segundo capítulo de la serie.  

Y, en efecto, la renovación no tiene que esperar a que pase ninguna investidura ni se constituya un gobierno. Sería un tanto que se apuntaría la democracia el hecho de que al margen del aquelarre provocado por los resultados del 23J los presidentes que salgan elegidos el 17 de agosto próximo al constituirse las cámaras cumplan la ley y junto con los portavoces parlamentarios pongan en marcha la renovación. 

Ah, ¿y las pegas de Feijóo? ¿y qué hay de su «nuevo sistema de elección» de los jueces por los jueces? 

Su plan es un plan fallido. No porque se diga aquí en estas líneas. Veamos. 

El PP prometía cambiar la ley orgánica para conceder a este CGPJ en descomposición –se reduce a restos o vestigios de lo que fue– sus competencias (nombramiento de jueces y magistrados). También prometía modificar la ley orgánica para la elección de los jueces por los jueces, no «entre los jueces y magistrados» como dice la Constitución. 

Pues bien, el PP no tiene mayoría ni para una cosa ni para la otra. Es por tanto un proyecto inviable.  

La Comisión Europea urge a renovar el CGPJ con ley vigente y en todo caso modificarla después. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón al declarar vulnerados los derechos de seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que formaban en 2018 parte de la lista final que debía ser aprobada o rechazada por el Parlamento para incorporarse al CGPJ, proceso que no se completó. 

 ¿Qué hacer? Renovar ya a partir del 17 de agosto. 

En una reunión social, tras las elecciones del 23J, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, comentó ante políticos del PSOE y del PP que no era necesario esperar a la formación de un nuevo gobierno para renovar el CGPJ. Fuentes conocedoras del encuentro señalan a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que en el grupo presente, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, coincidieron. En efecto, se puede hacer desde la constitución de las cámaras. Aparentemente se emplazaron a retomar contacto con ese propósito.  

Unos días más tarde, en su carta de respuesta a Feijóo, el 30 de julio pasado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, empieza por el Poder Judicial –tema invisible en el debate cara a cara de los candidatos el 10 de julio– al señalar: «Agradezco la oportunidad que me brinda su carta para retomar la comunicación entre nuestras fuerzas políticas, interrumpida de manera abrupta y unilateral con la ruptura del preacuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de especial relevancia en nuestro sistema institucional, que lleva pendiente más de cuatro años». 

La recomposición, aunque sea parcial, del bipartidismo el 23J implica que el PP y el PSOE poseen ahora más de los 3/5 (210 diputados) para decidir. Podrían, pues, desatascar el CGPJ con el pacto que Feijóo y Sánchez estuvieron por firmar: 10 consejeros del PP y 10 consejeros del sector progresista, más una «presidencia progresista de consenso». 

«Aunque el bipartidismo haya recuperado espacio el PSOE ya no puede funcionar con unas lógicas que son del pasado. No es el eje derecha-izquierda lo que ha aflorado en el 23J sino el eje centralismo-pluralidad. Los socialistas no pueden actuar unilateralmente», señala un magistrado consultado. 

Mientras se elaboraba esta entrega, la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel usó la presidencia (es la más antigua) de la Sala de Vacaciones de dicho órgano para simular una situación de urgencia a raíz de un recurso de amparo del ‘expresident’ Carles Puigdemont y del ‘exconseller’ Toni Comín contra un auto del 13 de junio del Tribunal Supremo. Carecía de urgencia y por tanto debía ser resuelto en septiembre, según las normas vigentes, actualizadas el 17 de julio de 2023. Logró el apoyo del magistrado conservador César Tolosa y rechazó admitir a trámite el recurso, aunque sin hacerlo entró en el fondo del mismo, contradiciendo la norma de admitir primero y en todo caso rechazar después las medidas exigidas, como ha puesto de manifiesto el voto particular disidente de la magistrada progresista Laura Díez. Espejel no ignora que el auto será recurrido por la fiscalía del TC y el asunto irá a un pleno de septiembre. Pero el PP ha querido provocar a Puigdemont con una operación fallida contra Pedro Sánchez, en la idea de que el golpe encrespará al ‘expresident’ en sus presuntas negociaciones de la investidura del candidato socialista. 

Con rivales, más enemigos que adversarios, como estos es muy difícil pensar en el sentido común. Si con 89 escaños el PP secuestró casi cinco años el CGPJ, ¿por qué con 137 lo va a liberar?

Suscríbete para seguir leyendo