El Constitucional irrumpe con "una maniobra" en la negociación de PSOE y Junts

El Tribunal Constitucional irrumpió con una "burda maniobra", según coincidieron en definir fuentes jurídicas y del sector progresista, al decidir sin pasar por Pleno inadmitir a trámite el recurso de Carles Puigdemont y el eurodiputado Toni Comín contra la orden de detención del Supremo por los delitos de desobediencia y malversación. La decisión, que fue tomada por los dos magistrados conservadores de la Sala de Vacaciones Concepción Espejel y César Tolosa, contó con la oposición de la magistrada Laura Díez, que emitió un voto particular.

Un Constitucional 'dividido' rechaza el recurso de Puigdemont contra la orden de detención del Supremo

El auto, que será recurrido por la Fiscalía del Tribunal Constitucional, fue una bomba de relojería en un momento delicado del primer hito para negociar una investidura de Pedro Sánchez. En siete días, el próximo 17 de agosto se constituyen las Cortes. El PSOE necesita amarrar los votos de Junts para hacerse con la Presidencia del Congreso y la mayoría progresista de la Cámara Baja. Un primer paso vital para encauzar la legislatura y que desbrozaría el camino hacia un Gobierno de PSOE y Sumar.

La Fiscalía recurrirá la decisión del Constitucional de rechazar el recurso de Puigdemont contra su detención

Las negociaciones sobre la composición de la Mesa del Congreso están abiertas con los nacionalistas, Junts, ERC y PNV, y el momento es “delicado”, admiten fuentes de la negociación. Los socialistas consideran que “la maniobra” del Constitucional es tan “burda” que "no hará descarrilar" las negociaciones. La confirmación de la Fiscalía de que recurrirá permite un horizonte en el que el Constitucional volverá a debatir y decidir de nuevo sobre el recurso de los dos políticos de Junts encausados por el ‘procés’.

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, recriminó la decisión: “Todo en orden. Hace años que el trabajo del Tribunal Constitucional es decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo. Y la estrategia no cierra por vacaciones”. Desde el ala socialista confían en que Junts mantenga abierto el diálogo aunque admiten que las interferencias judiciales ponen piedras en el camino y complican el resultado. Consideran que la intervención de los magistrados conservadores del Constitucional ha sido “tan evidente en su estrategia” que no hará estallar el diálogo aunque sí que da alas al relato victimista del independentismo y eleva sus espadas contra la actuación del Estado. Hasta la fecha las condiciones de Junts y ERC para dar una investidura a Pedro Sánchez no se han apeado de las concesiones de un referéndum para Cataluña y la amnistía para los encausados por el 'procés'.

Una decisión "insólita"

De forma “insólita” y “sin precedentes”, admiten fuentes jurídicas, la Sala de Vacaciones del Constitucional, limitada habitualmente a asuntos de extrema urgencia, decidió resolver el recurso de Puigdemont y por primera vez no admitió a trámite para resolver en pleno un recurso del ‘procés’. El voto particular de la magistrada progresista Laura Díez recuerda que es el “primer caso de inadmisión de un recurso de amparo" del 'procés', "puesto que la práctica constante de este Tribunal en relación con estos amparos ha sido siempre su admisión y avocación a Pleno para su posterior resolución".

Al contrario de lo que ha pasado en este caso, lo habitual es que se admitan a trámite para tener el máximo de garantías y que el Tribunal de Justicia Europeo no ponga en entredicho ni contradiga la decisión de la justicia española en un asunto político tan delicado. Tanto Puigdemont como Comín piden frenar su detención alegando que tienen inmunidad por ser miembros electos del Parlamento Europeo.

La Sala de verano se pronuncia habitualmente en asuntos como una extradición o una petición de amparo ante un ingreso inmediato en prisión pero no en un asunto de estas características, corroboran desde las instancias judiciales. Fuentes del Constitucional aseguraron que la Sala de Vacaciones resolvió no admitir el recurso de Puigdemont para evitar un vacío en “un momento complicado” y que el expresidente de la Generalitat y del eurodiputado Antoni Comín pudieran llegar a ser detenidos.

Antecedentes en el TC

Que las decisiones de la justicia dificulten el diálogo con el independentismo catalán no es nuevo. El expresidente Quim Torra fue inhabilitado de su cargo al frente de la Generalitat por la Junta Electoral Central el 3 de enero, solo cuatro días antes de que, el 7 de enero, Pedro Sánchez sacara adelante su investidura en 2020 por dos votos, con la abstención de ERC y Bildu y el voto en contra de Junts. La Junta Electoral dejó sin efecto el acta de diputado en el Parlament de Torra, lo que automáticamente le descabalgó como presidente de la Generalitat. Una decisión que meses más tarde ratificaría el Tribunal Supremo por unanimidad.

Desde el Gobierno también recuerdan lo que ocurrió en diciembre de 2022, cuando España vivió una insólita crisis de Estado después de que el Tribunal Constitucional decidiera por primera vez en la historia frenar la tramitación de una ley en el Congreso e impedir una votación en el Senado. Ocurrió en diciembre de 2022, cuando un recurso del PP y la petición de una medida cautelarísima se admitió a trámite contra la reforma del propio Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. En esa norma PSOE y Unidas Podemos decidieron colgar, vía enmiendas, la reforma del Código Penal para la supresión del delito de sedición y las rebajas de la pena de malversación. Aquel momento de tensión entre el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo fue durísimo y algunas fuentes socialistas no dudan en equiparar aquella actuación con lo que ha pasado ahora con la decisión sobre la detención de Puigdemont. Las críticas no versan tanto sobre si el Constitucional debe dar la razón al expresidente de la Generalitat o no sino sobre las formas, la decisión de no admitirlo a trámite y de aprovechar el turno quincenal en el que hay mayoría conservadora entre los tres magistrados del tribunal que se han quedado de guardia en este turno de verano.

En concreto, las fuentes jurídicas consultadas consideran que la decisión de los magistrados conservadores Concepción Espejel y César Tolosa de inadmitir el recurso de Puigdemont es “una maniobra política”, pues han aprovechado “una mayoría conservadora coyuntural” de la Sección de Vacaciones para evitar que el Pleno del Constitucional tome una decisión.

"Urgencia en resolver"

El auto de la Sala explica que la celeridad de la resolución, que impide de facto que el resto de magistrados del Constitucional haya podido participar en la misma, se justifica porque se trata de un recurso de amparo que reclama la medida cautelarísima de suspender una resolución judicial que acuerda una privación de libertad, que fue activada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Sin embargo, la magistrada progresista de la Sala de Vacaciones Laura Díez evidencia en su voto particular que no existía “urgencia en resolver” el recurso, pues ninguno de los dos recurrentes, Puigdemont y Comín, se encuentra preso.

Otras fuentes jurídicas sostienen también que los magistrados conservadores querían resolver la controversia "muy rápido". El recurso llegó a la Sala de Vacaciones del Constitucional el 1 de agosto y tanto Espejel como Tolosa pretendían que la decisión se tomara el 7 de agosto. Sin embargo, la disconformidad de la magistrada progresista Laura Díez obligó a los conservadores a retrasar hasta este miércoles 9 de agosto la inadmisión del recurso de los político independentistas.

"Premura" por decidir

El escrito de la magistrado progresista evidencia que no comparte la "premura" por decidir sobre un asunto que podría haberse tramitado tras la pausa estival siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Constitucional.

“Considero que se ha precipitado innecesariamente una decisión que no debió adoptarse en la Sección de Vacaciones, sino que el asunto debió haberse tramitado tras el periodo estival” dice de forma literal el voto particular de Díez, al que ha tenido acceso este diario.

En similares términos se han expresado fuentes de la Fiscalía, que han asegurado que recurrirán la decisión de inadmitir el recurso de Puigdemont porque consideran que no hay urgencia para que resuelva la Sala de Vacaciones, sobre todo si se deniega la medida cautelar: "No es por tanto un asunto para que se sustraiga de las decisiones ordinarias del Tribunal", concluyen las citadas fuentes, que recuerdan que como agosto es un mes inhábil el recurso no podrá ser presentado hasta septiembre.