Es falsedad y prevaricación, no represión

El TSJC considera probado que la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, fraccionó contratos en su etapa como presidenta de la ILC para asegurarse que se beneficiase de ellos su amigo Isaías Herrero y no cualquier otro que se aspirara a prestar esos servicios en condiciones de igualdad y libre concurrencia pública. Y que actuó «con plena conciencia de que estaba encargando unos trabajos y produciendo una adjudicación directa que, prescindiendo de los más elementales requisitos previstos para la contratación administrativa», favorecían a su amigo Isaías Herrero. En consecuencia, la condena por un delito continuado de falsedad en documento oficial, como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por un delito de prevaricación administrativa.

La propia sentencia solo recoge un voto particular discrepante que considera que no cometió falsedad y que la inhabilitación debería atañer solo a cargos con facultad para contratar. Pero también los magistrados cuyo criterio se ha impuesto incorporan al fallo una petición de indulto para Borràs relativa a parte de la pena de prisión que supondría, en caso de ser concedido, su no ingreso en la misma. Que una sentencia incluya una petición de indulto parcial no es una anomalía cuando el juez considera que el fallo no puede ser otro aunque la pena pueda ser desproporcionada, pero no deja de ser llamativo el hecho de que en un caso como este rodeado de política sea la propia justicia la que traslade al poder político la decisión final sobre la pena a cumplir. Esa misma justicia que la condenada considera parcial y ese poder político que considera abusivo. 

Aunque la sentencia no es firme el fallo tiene implicaciones políticas inmediatas. Borràs debe cesar como diputada, y por tanto, como presidenta de la cámara, poniendo fin así a una atípica situación de interinidad que se mantiene desde que en julio pasado fuese suspendida como consecuencia de la apertura del juicio oral. Sin embargo, su empeño en considerar este un juicio político vinculado al ‘procés’ y su resistencia a abandonar el cargo, por mucho que los hechos juzgados se remonten a una etapa previa en la que Borràs no tenía un compromiso político explícito y que el origen de la investigación fuera un hallazgo fortuito de los Mossos, no auguran un relevo fácil.

Será la Junta Electoral la que acabe desencadenando su cese y su relevo volverá a ser el escenario de un cruce de acusaciones entre partidos independentistas exacerbado por el clima pre electoral. Pero la carrera política de Laura Borràs puede continuar fuera de las instituciones como presidenta de Junts per Catalunya, aferrada a una laxa interpretación de su condena como 'lawfare', algo que el partido ha incorporado a su acervo, aunque algunos de sus compañeros, incluido Xavier Trias, candidato a la alcaldía de Barcelona, le han pedido generosidad con el partido. Un sector del mismo es consciente de que carece de sentido que la formación que ha mutado para librarse del estigma de la corrupción acabe teniendo una presidenta condenada por fraccionar contratos para favorecer a una persona próxima, por mucho que se quiera vestir de represión. Pésimas credenciales que ya casi nadie se cree, ni siquiera los propios, que deberían deslindar, ya que ella no lo hace, los intereses y aspiraciones personales de la imputada del bien de la formación que preside.