La trinchera mata

Llevo meses repitiendo que la falta de un mínimo consenso entre los dos grandes partidos, como consecuencia de erigir la política de bloques en un principio irrenunciable, es lesiva para los intereses de los ciudadanos y puede arrastrarnos a una crisis constitucional del máximo nivel.

Y ahí estamos. El PP siempre atacó la legitimidad de la moción de censura y las consecuencias de las dos elecciones generales de 2018. Por eso Pablo Casado se refería al presidente como “el okupa de la Moncloa”. Y ello le ha llevado -por desgracia también con Feijóo- a boicotear la reglada renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Ya antes, en 2007, el PP impidió la renovación del TC hasta conseguir en 2010 una sentencia rectificativa del Estatut de 2006 que tantos problemas ha generado.

Pero el bloqueo actual del CGPJ y del TC es más increíble. El Consejo lleva cuatro años sin renovarse, con una mayoría conservadora elegida en 2013, y el TC lleva ya meses con una cuarta parte de sus 12 miembros con el mandato caducado debido a que el CGPJ se niega a elegir a los dos magistrados que le tocan e impide así que el Gobierno nombre a los otros dos que le corresponden y que debían sustituir a González-Trevijano, nombrado por el Gobierno de Rajoy hace nueve años, y al magistrado Narváez.

El boicot al recambio de dos órganos tan relevantes ha sido tan largo que el Gobierno se ha sentido tan harto como legitimado para nombrar a los dos magistrados que le tocaban. Y al negarse el actual presidente del TC, González-Trevijano, a aceptar el fin de su mandato, a modificar a través de un procedimiento poco ortodoxo -dos enmiendas a la discutida reforma del Código Penal- la ley del CGPJ y del TC.

No era lo más adecuado y menos en un clima en el que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, dijo: “Vamos hacia una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de derecho. Ya no se trata de izquierda o derecha, sino de libertad. Y esto ya es: o Sánchez o España”. Como si Sánchez, con todos los defectos que se quiera, no fuera el legítimo presidente del Gobierno.

El PP pide al alto tribunal medidas “cautelarísimas” contra la reformas del Gobierno para lograr desbloquear las dos instituciones

Pero la dirección del PP -en la que Feijóo parece haber renunciado a su inicial impulso renovador- decidió este miércoles presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y la adopción de medidas “cautelarísimas” para que las citadas reformas -que deben ser votadas este jueves en el Congreso- no puedan entrar en vigor. O sea, que se pide a un Tribunal Constitucional, con una cuarta parte de sus miembros -incluido su presidente- con el mandato caducado, que impida con una medida excepcional que entre en vigor la norma que iba a desbloquear el CGPJ y el TC. Ahí es nada.

Veremos lo que decide el Constitucional -y cómo lo puede decidir- pero ya hemos entrado de lleno en una crisis política que pone en grave riesgo el prestigio de la Constitución y la democracia. El PP no es el único culpable. La falta de consenso entre los dos grandes partidos es una responsabilidad compartida, pero lo que parece poco discutible es que para mantener su dominio del CGPJ y del TC el PP no tiene manías. Parece que piense que la España constitucional -o sea España- es solo suya.

Ignacio Sánchez-Cuenca decía el miércoles en ‘El País’: “Qué otra cosa podía hacer el Gobierno para que se cumplan las reglas en la renovación del Poder Judicial y del Constitucional tras la burla sistemática de las mismas por la derecha”. El PP se cree que España es suya, pero Sánchez no ha valorado lo suficiente que gobernar con la división de España en dos bloques ideológicos es un gran error de imprevisibles consecuencias.

José Luis Leal, que fue militante del Frente de Liberación Popular contra Franco y luego el autor intelectual de los pactos de la Moncloa y ministro de Hacienda de Adolfo Suárez, ha dicho al 'Abc' que los pactos de la Moncloa, facilitados por el realismo de Santiago Carrillo, fueron básicos para la Constitución de 1978. Y sobre el momento actual añade: “No se puede negociar nada estando cada uno en su trinchera. Es muy peligroso y produce inestabilidad… La vida es como es”.

Leal tiene 83 años, pero Sánchez y Feijóo harían bien en escucharle. La trinchera mata. Y en España lo sabemos. 

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