González-Trevijano canaliza el 'golpe' del PP para este jueves, por Ernesto Ekaizer

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, nombrado el 12 de junio de 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy -cuyo mandato venció el pasado 12 de junio, hace ya más de seis meses- ha convocado esta tarde un Pleno juridiccional para dar respuesta a un presunto recurso de amparo preventivo del Partido Popular presentado este miércoles en el que se solicita la adopción de medidas precautorias urgentes -llamadas cautelarísimas- para impedir que el Congreso de los Diputados apruebe la reforma del PSOE-Unidas Podemos para modificar la ley Orgánica del Poder Judicial y los delitos de sedición y malversación.

Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO señalan: "El presidente ha pedido informe a los letrados sobre este recurso de inconstitucionalidad encubierto. Habrá varios. Los letrados han dicho que necesitan día y medio para elaborar el documento. Sin esos informes, el Presidente se tengan esos informes acaba de convocar Pleno jurisdiccional para mañana a las 10:00 horas para avocar a pleno, la admisión a trámite y la adopción o no de medidas cautelarísimas". González-Trevijano, pues, ha cumplido. Los magistrados han sido citados avanzada la tarde sin la documentación completa.

La doctrina del TC

¿Cuál es la doctrina del TC sobre los recursos de amparo? 

"En el recurso de amparo constitucional", según la doctrina del Tribunal Constitucional "sólo puede pretenderse la preservación o el restablecimiento de lesiones concretas y efectivas de derechos o libertades".  

Y explícitamente señala: “No es una vía adecuada, sin embargo, para efectuar juicios abstractos de inconstitucionalidad de normas o para garantizar, también en abstracto, la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución que recogen y garantizan esos derechos fundamentales y libertades públicas”. 

No hay antecedentes de este “neorecurso de amparo preventivo”. 

La analogía que plantea el recurso del PP es la proposición a la Mesa de Parlament por parte de la CUP para que el 'expresident' Carles Puigdemont compareciera en el Parlament para declarar la independencia de Catalunya.  

Problema: eso no fue un procedimiento legislativo y, por tanto, carece de paralelismo con la tramitación de la reforma que quiere abortar cautelarmente el PP.  

La Constitución solo prevé, según el artículo 161.2, que Gobierno al presentar un recurso de inconstitucionalidad provoca la suspensión automática. 

“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. 

Tampoco se trata de un remedo del ya eliminado recurso previo de inconstitucionalidad porque en dicho caso se presentaba al acabar el procedimiento legislativo. 

Recientemente, el TC, en un auto que denegó medidas cautelares en un recurso de amparo parlamentario de Vox a propósito del voto telemático del diputado del PP Alberto Casero que permitió aprobar la modificación de la ley de reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. El partido ultraderechista solicitaba que se suspendiera la vigencia de la nueva reforma. El TC rechazó la pretensión con el razonamiento de que el recurso de amparo afecta a una lesión concreta de un derecho, y señaló que el amparo no afectaba a la validez de la norma. 

El día D

El PP pretendía emplear este miércoles como día D de su estrategia para imponer este miércoles en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el nombramiento de los dos magistrados que quiere incorporar al TC: César Toloza y Pablo Lucas, presidente y magistrado, respectivamente, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

El PP y los vocales elegidos por iniciativa de dicho partido en diciembre de 2013 por un plazo de cinco años -es decir: ya llevan cuatro años caducados- pretendían una votación telemática este miércoles 14 aprovechando la ausencia presencial de cinco vocales -dos fuera de España y 3 en actividades de representación, en Canarias-, pero no presentaron su exigencia, el pasado viernes, con la preceptiva propuesta de candidatos. Hoy han completado la solicitud con los nombres de Toloza y Lucas, un candidato “propio” de la derecha y Lucas, el candidato que se le atribuye a los progresistas, pero que no cuenta con el apoyo de ese sector, que propone a Juan Manuel Bandrés, también magistrado de la Sala Tercera del Supremo. 

Una operación política

El presidente del CGPJ, Rafael Mozo, rechazó este martes 13 la solicitud porque no reunía los requisitos de la propuesta de candidatos además de considerar que un Pleno extraordinario con cinco vocales sin poder hacer acto de presencia, sobre todo después de que el sector conservador ha bloqueado la elección desde el 8 de septiembre pasado, carecía de justificación. 

Pero el PP se ha lanzado abiertamente al golpe propulsado por la derecha judicial y mediática. El ex magistrado del TC, Manuel Aragón, y el líder del sector conservador en el CGPJ, José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, han alimentado la campaña en los medios. Precisamente, Alberto Nuñez Feijóo, ha repetido una frase de Aragón: “Parecía -ha dicho el líder del PP- que no podía ocurrir lo que está ocurriendo con el Código Penal, la malversación y ahora el referéndum”. Aragón ya había advertido en declaraciones públicas que las reformas del Gobierno de Pedro Sánchez eran “inauditas”. 

En el bloqueo deliberado

El PP ya había admitido estar en la campaña de bloqueo deliberado de la renovación del TC, en declaraciones de Núñez Feijóo a Onda Cero, la semana pasada. Pero este pasado lunes, día 12, el vicepresidente Esteban González Pons pasó a la acción directa para arropar al sector derechista del CGPJ y pedir desde su cuenta en Twitter la abstención de la vocal del CGPJ Clara Martínez de Careaga por ser esposa del magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido, candidato natural de la próxima mayoría progresista a presidente del TC. 

Pero en el CGPJ no se vota al presidente del TC. Su exigencia, pues, es una operación política. 

González Pons, además, señaló que el voto de la vocal era decisivo. Esta afirmación, que no explicitó, sin embargo destapaba que está en la conspiración dentro del CGPJ. ¿Por qué? Porque para sacar adelante los nombramientos en el CGPJ la derecha necesitaría 10 votos si se reduce el quorum de 16 a 18 con dos abstenciones. El plan, precisamente, de Macías consiste en forzar las abstenciones de Enrique Lucas, hermano de Pablo Lucas, el candidato que impulsa la derecha aparte del suyo propio, Toloza, y de Clara Martínez de Careaga, para sacar adelante los nombramientos con 10 votos. 

Pero antes de que se celebre dicho pleno, el PP ha decidido usar a los magistrados que le apoyan en el TC a través de tocar a rebato para que González-Trevijano le preste el servicio de impedir la aprobación de una ley en el Parlamento. 

Como las meigas, golpe, haberlo, haylo. 

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