La tentación inmovilista

Pedro Sánchez afronta esta semana otro reto fundamental en relación con la agenda catalana, después del encuentro que tuvo con el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, a mediados de julio. Se trata de una nueva reunión de la mesa de diálogo, una vez limadas las asperezas surgidas como consecuencia del 'caso Pegasus', en la que está previsto que se aborde la agenda del reencuentro, hasta la fecha con pocas concreciones y en la que se espera que se produzca algún avance en la demanda de desjudicialización del conflicto político catalán, o lo que es lo mismo,  en la introducción de cambios que eliminen o minimicen las consecuencias judiciales del 'procés'.

A pesar de los indultos, cuyos recursos siguen su curso, el frente judicial sigue abierto y abarca mucho más allá del juicio del 'procés' y de los dirigentes huidos, que suponen una verdadera patata caliente para el Estado. Son numerosas las causas que siguen abiertas y que amenazan con penas de prisión, inhabilitaciones o daños patrimoniales a dirigentes, altos cargos independentistas y empresarios acusados de los delitos de sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad. Entre ellas, las que afectan a exaltos cargos de la Generalitat presuntamente implicados en los preparativos del 1 de octubre y que implican, entre otros, a los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó; la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga; la expresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovosiuals; los exdirectores de TV-3 y Catalunya Ràdio; el exdelegado de la Generalitat en la UE o el exsecretario del Diplocat Albert Royo, este último también implicado en la instrucción por la presunta malversación por la internacionalización del 'procés' junto con el 'exconseller' de Exteriors Raül Romeva y el 'exsecretario' del Govern Víctor Cullell. Igualmente, aún hay causas abiertas contra alcaldes acusados de facilitar el 1 de octubre, así como una causa contra el Tsunami Democràtic por las protestas contra la sentencia del juicio del 'procés'. Además de las posibles responsabilidades económicas que pueda dictaminar el Tribunal de Cuentas, que reclama la devolución de 3,4 millones de euros a diversos dirigentes, entre los cuales Artur Mas y el que fuera su 'conseller' de Economia Andreu Mas-Colell, así como Oriol Junqueras.

Y si todo ello no fuera suficiente, en estas últimas semanas ese frente se ha complicado. Por un lado, con la decisión del abogado general de la UE ratificando la posición de la justicia española respecto a las extralimitaciones de la justicia belga y abriendo la posibilidad, si el TJUE asume su planteamiento como suele ser habitual, de que Carles Puigdemont sea entregado a las autoridades españolas, lo que, dada su condición de aforado, complica la situación. Y, por el otro, con la decisión de la Audiencia de Barcelona de repetir el juicio a los miembros de la Sindicatura Electoral, que fueron absueltos.  A lo que hay que añadir la denuncia presentada por Junqueras, Romeva y Dolors Bassa ante el TEDH por la supuesta falta de imparcialidad en el proceso judicial y en la sentencia del 1-O, paradójica decisión por parte de quien apuesta por desjudicializar.

El margen para desjudicializar es escaso; básicamente consistiría en modular la posición de la fiscalía en algunas de las causas abiertas y del delito de sedición, pero el Gobierno insiste en que no hay mayoría para esto último, y quizá en la reforma del Tribunal de Cuentas. La probabilidad de que haya avances es limitada, sobre todo porque el PSOE se parapeta en la ausencia de mayoría para poder optar por no hacer nada haciendo ver que hace. Tiene incentivos para ello. Cualquier decisión que sea interpretada en clave de beneficios al independentismo será utilizada por la oposición para desgastarle. A menos que el PP sea lo suficientemente sensato como para tener una actitud cooperativa que le evite, en caso de llegar a gobernar si se confirma el cambio de ciclo, tener que afrontar una nueva eventual escalada de la cuestión catalana, escenario nada descartable con tantas causas abiertas, con las manos atadas, con el azote de Vox y ante el regocijo de Junts per Catalunya, que vería confirmadas sus expectativas. La desjudicialización no debería de una cuestión de gobiernos sino de Estado, o al menos de aquellos partidos que tengan sentido de Estado.

Suscríbete para seguir leyendo