Tras Barcelona, 62 ZBE más

El Govern de la Generalitat, los ayuntamientos y diputaciones, los agentes sociales y los gestores de infraestructuras como los puertos y aeropuertos firmaron ayer el Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Aire de Catalunya. Un calendario concreto de compromisos para reducir antes del año 2025 en un 15% las emisiones de gases y partículas que afectan más directamente a la salud (con impactos perfectamente cuantificados sobre las enfermedades respiratorias de los más pequeños y la reducción de expectativa de vida de los mayores) es un instrumento imprescindible para intentar recuperar el atraso acumulado en el cumplimiento de las directrices europeas. La medida más destacada es la instauración de Zonas de Bajas Emisiones (vetadas a los vehículos más contaminantes) en todos los municipios con más de 20.000 habitantes, cuando la normativa española solo las hace obligatorias para los de más de 50.000 habitantes. Esto implica que, además de las cinco ciudades ya incluidas en la ZBE metropolitana (Barcelona, L’Hospitalet, Sant Adrià, Cornellà y Esplugues), otros 62 municipios catalanes deberán acotar áreas en la que se aplique esta medida. La ‘consellera’ d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, también se comprometió a aprobar una ley catalana de calidad del aire dentro de esta legislatura: en este calendario ya vamos tarde, y no caben más retrasos.    

Nada de lo contenido en el pacto se diferencia mucho de las propuestas e iniciativas emprendidas durante los últimos años por el Ayuntamiento de Barcelona. Al contrario, Barcelona aparece claramente como adelantada en las políticas incluidas ahora en la hoja de ruta que el Govern asume para todo el territorio: aplicación de las ZBE; donde no sean suficientes, veto de zonas céntricas al tráfico rodado; ampliación de la red de carriles bici; fomento de las formas de movilidad sostenible; racionalización del uso del coche; aumento de la frecuencia de paso del transporte público... 

La posición pionera de Barcelona en este proceso ha hecho que su equipo de Gobierno haya cometido errores pero también que haya recibido críticas que en algunos casos el tiempo ha ido poniendo en su sitio. Teniendo en cuenta que algunas de ellas han venido desde los partidos que integran el Ejecutivo catalán o el gobierno de las diputaciones, tendría cierta lógica que no hicieran caballo de batalla de medidas que al mismo tiempo defienden para el conjunto del país (aunque con unas elecciones municipales a la vista quizá sería demasiado pedir). Otras han llegado desde entidades y agentes económicos de los que se puede esperar que las mantengan cuando se emprendan acciones equivalentes por parte de otras administraciones.

El pacto incluye un refuerzo de la red de diagnóstico y detección de la contaminación en las áreas urbanas, y vincula alguna de las medidas a una evaluación objetiva de sus resultados. Y si bien es cierto que, según los datos municipales, la ZBE ya en vigor ha supuesto la reducción de más de 600.000 desplazamientos diarios, las evaluaciones de cuál ha sido la reducción de la polución no ofrecen resultados inequívocamente positivos. Más allá de posturas de principios, no cabe descartar la posibilidad de que algunas medidas disuasorias del tráfico urbano por la vía de ponerle trabas no cumplan su objetivo sino que incrementen los recorridos de los vehículos (y acaben teniendo un efecto neutro en las emisiones). Las medidas restrictivas que inevitablemente se deberán seguir tomando deberán estar siempre sujetas a revisión en función de su cumplimiento de unos objetivos ineludibles tanto si pensamos en la salud de las personas como del planeta.