Ágora

Las razones de la huelga en educación

Nos encontramos ante una Conselleria más interesada en demostrar a la opinión pública que toma muchas decisiones por el 'bien' del alumnado, que a consensuarlas con la misma comunidad educativa

Aula vacía en la escuela pública CEIp Fructuós Gelabert

Aula vacía en la escuela pública CEIp Fructuós Gelabert / Manu Mitru

Teresa Esperabé

Teresa Esperabé

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El personal de los centros educativos públicos y concertados, docente, de apoyo educativo, del tiempo del mediodía, de administración y servicios, entre otros, vamos a la huelga. Como todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a mejorar nuestras condiciones de trabajo o, como mínimo, a no permitir que nos las empeoren. También tenemos derecho a que la máxima autoridad política de la educación de Catalunya nos trate con respeto.

Nuestro colectivo está cansado. Estamos cansados de muchos años de recortes que nos han dejado con unas condiciones laborales mucho peores que las que teníamos a finales del siglo XX, cansados de una gestión de la pandemia por parte del Departament d’Educació que no nos ha proporcionado ni los recursos ni las medidas de prevención suficientes para hacer nuestro trabajo con seguridad. También estamos hartos del menosprecio de la Conselleria, que informa a golpe de rueda de prensa de todas las novedades que afectan nuestras condiciones de trabajo, sin negociar nada, sin tener en cuenta nuestra opinión para nada. Los cambios en la educación no se pueden hacer de espaldas a sus profesionales. La modificación del calendario escolar solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero llevamos muchos agravios acumulados.

Por ejemplo, hace muchos años que el personal docente hacemos más horas lectivas que antes de los recortes, que ya no cobramos el primer sexenio a los 6 sino a los 9 años de servicios, que perdemos poder adquisitivo año tras año y tantas otras pérdidas que el Departament d'Educació se muestra inflexible a devolver, a pesar de que la crisis de 2008 ya hace mucho tiempo que acabó. Pero el personal de los centros educativos no solo pedimos que se nos devuelva aquello que se nos quitó, pedimos otras muchas mejoras para la educación, porque nuestras condiciones laborales son inseparables de las condiciones de la educación. Pedimos también la inversión del 6% del PIB en educación que estableció el mismo Parlament en la Llei d’Educación de Catalunya en 2009 (actualmente es del 3,6%), la bajada de ratios a todos los niveles, una oferta suficiente de plazas de FP, más recursos para la escuela inclusiva, el reconocimiento de la tarea educativa del ocio, un servicio de comedor universal y gratuito... Pero desgraciadamente tampoco hemos tenido mucho éxito en estas demandas.

Nos encontramos ante una Conselleria más interesada en demostrar a la opinión pública que toma muchas decisiones por el "bien" del alumnado, que a consensuarlas con la misma comunidad educativa. Aun así, resulta que este alumnado que el 'conseller' presume de tener tan en cuenta se ve obligado a aprender muy a menudo en barracones o en grupos con sobrerratios, no puede acceder a los estudios de FP que desea o no recibe del sistema educativo los recursos que necesita si tiene alguna necesidad educativa específica.

Unas de estas decisiones supuestamente tan 'buenas' para el alumnado es la modificación de los currículos que obligará al personal docente a cambiar de nuevo todos los planteamientos pedagógicos de un día para otro y que sacará horas a muchas especialidades tan importantes como la filosofía o la tecnología. Otra ha sido la modificación del calendario escolar avanzando unos días el inicio de las clases de forma que solo quedarán de dos a cuatro días para preparar el curso en septiembre, que es el único momento no lectivo en el que se puede contar con todo el equipo de profesionales de los centros educativos. Y todo esto después de dos años durísimos de pandemia, sin informar a los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, sin consultar nada, sin negociar nada... Incluso el Consell Escolar de Catalunya, que representa a toda la comunidad educativa, alumnado, familias y docentes entre otros, se tuvo que enterar por los medios de comunicación del cambio en el calendario.

¿De verdad que es este el respeto que nos merecemos? ¿Realmente tenemos que escuchar que si el ‘conseller’ no consulta a los sindicatos, nuestros legítimos representantes como profesionales de la educación, es porque somos inmovilistas y no podría llevar a cabo sus propuestas? No sé si sabe el 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray que la democracia no funciona como él parece que quiere, que las autoridades educativas no pueden tomar según qué decisiones sin consultar. Aun así, no sufra, señor ‘conseller’, los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras de la educación sí que sabemos cuáles son nuestros derechos.

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